Antes de asestar el último golpe a funcionarios públicos del Estado de Nicaragua, con una barrida masiva bajo la excusa de una “reorganización y promoción de eficiencia”, el régimen Ortega- Murillo humilló a los trabajadores y ahora se ven perseguidos.
El régimen los ha sometido a un largo proceso de purgas internas. Primero los obligaban a “rotondear”, es decir hacer plantones en las rotondas de la capital para mostrar su apoyo al régimen, y posterior los obligaron a ir a marchas y a contramarchas de opositores.
Primero les quitaron los bonos salariales y, desde entonces, todos sus derechos han ido en picada, hasta este mes, que el régimen ordenó despidos masivos.
“Los rotonderos” y el Covid-19 en Nicaragua
La presión contra los trabajadores del Estado era tal, que sus jefes, hasta llegaban a pasar lista en las rotondas para asegurarse que nadie faltara.
Bajo el sol o lluvia, estos trabajadores, unos simpatizantes, otros no, pasaban largas jornadas, ondeando la bandera rojinegra del partido y gritando consignas y vivas a la pareja gobernante. Y al día siguiente, debían presentarse al trabajo puntualmente, sin importar el cansancio del día anterior.
Dos años más tarde, cuando en marzo de 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, el régimen puso en peligro al personal del Estado.
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Los más afectados fueron médicos, enfermeras y personal de los hospitales y centros de salud que administra el Ministerio de Salud, Minsa, al no permitirles el uso de mascarillas, ni acatar las disposiciones sanitarias de organismos internacionales de salud.
Crueldad contra médicos
El personal de salud enfrentó lo peor de esta pandemia y muchos murieron al acatar la demencial medida gubernamental. Al finalizar el 2021, un año después de confirmar el primer caso de Covid en el país, 207 trabajadores de salud entre médicos, enfermeras fallecieron por el virus. Para entonces, un informe emitido por Amnistía Internacional, AI, indicaba que el gobierno siguió una «política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de Covid-19”.
Destacó la denuncia de AI la exposición al personal de salud, sugiriendo que el país, incumplía con sus obligaciones internacionales al tomar represalias, despidos y acoso a trabajadores que habían solicitado el uso de equipos de protección personal, como mascarillas, guantes y desinfectantes.
La humillante foto de trabajadores con su salarios
El régimen Ortega-Murillo también ha humillado a los servidores del Estado. Lo hace todavía al obligarlos a exhibir el pago de sus salarios.
En un afán publicitario de mostrar “su generosidad” de pagar hasta 15 y 20 días adelantado a la fecha que corresponde el pago, el régimen los hace desfilar en sus medios de televisión. Los obliga a agradecerles al matrimonio gobernante, aunque en la paga, no viene ni un centavo más y todo sale de los fondos del Estado.
Cuando Rosario Murillo lo anuncia a través de sus medios de comunicación, no puede faltar la foto de los trabajadores posando con el dinero. El 20 de agosto de este año, por ejemplo, Murillo anunció el pago de 2,112 millones de córdobas en pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.
Sus propagandistas corrieron a las oficinas públicas a retratar a los jubilados contando en efectivo sus precarias pensiones y dando gracias “al comandante y a la compañera” por el pago, como si salieran de sus cuentas personales.
Control a los trabajadores y a su núcleo familiar
En el 2022, el gobierno ordenó el control migratorio de sus trabajadores. Nadie podía salir del país si no tenía el visto bueno del régimen. El viaje tenía que ser anunciado con anticipación y esperar el permiso del gobierno central.
En septiembre de ese año, una circular emitida por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, dispuso controlar el movimiento migratorio del personal docente, estudiantes y administrativos, así como del personal académico y científico en las universidades.
Además, obligaba a informar a los trabajadores sobre salidas del país por asuntos personales, tales como turismo, visitas familiares, vacaciones entre otras y se ordenaba dar detalles del viaje: país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo y duración del viaje y el lugar de entrada o salida.
Luego, en 2023, los trabajadores estatales también fueron obligados a llenar información personal y de su núcleo familiar, misma que sería enviada a la Contraloría General de la República.
Caen los primeros altos funcionarios en Nicaragua
Cinco días después que Rosario Murillo anunciara su plan de reestructuración, la Policía del régimen compartía a través de una nota de prensa el despido del escolta presidencial comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, quien estuvo al servicio de Ortega por 25 años.
En una nota de prensa, la Policía de Nicaragua informó el 7 de agosto que Acuña había “desobedecido flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, en consecuencia y de conformidad con lo establecido en la Ley 872, Ley de la Policial Nacional y sus reformas, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”.
