En el mes de septiembre se incrementó la represión en Nicaragua. Foto: Orlando Valenzuela.
Orlando Valenzuela
Con iniciativas de ley que violan la Constitución Política de Nicaragua, amenazas de cárcel con condena de cadena perpetua, criminalización del derecho constitucional de informar y ser informado y la negación al derecho a optar a cargos públicos, entre otros, el régimen de Daniel Ortega está cerrando toda oportunidad de resolver por la vía democrática la crisis sociopolítica que padece el país desde abril de 2018, expresó José Pallais Arana, exasesor político de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“Es evidente que Ortega se ve en una situación de suma debilidad y, desesperado, trata de fortalecerse a través de instrumentos represivos y tambien es claro, para nosotros, que él no está dispuesto a permitir elecciones libres y justas. Está tomando todas las providencias necesarias para impedir que la población pueda votar y que su voto valga, en elecciones bajo estándar democráticos internacionales”, valoró Pallais.
Todo esto pasa cuando faltan aproximadamente 13 meses para las elecciones generales en el país, las cuales serán claves para cambiar el rumbo de Nicaragua.
Un combo de leyes más amplio que la ley del propio Putin
El político opositor dijo que las tres leyes introducidas por diputados sandinistas para su aprobación en la Asamblea Nacional pretenden limitar la participación de la población en la vida politica del país y amenazan sus derechos fundamentales.
“Primero, amenaza con cárcel a los ciudadanos que ejerzan su derecho de informarse e informar, pretende censurar a la prensa libre, igualmente pretende inhibir a los que puedan ser candidatos, aquellas personas que manejan recursos provenientes del exterior, violenta la presunción de inocencia considerando culpables a todos los nicaragüenses que tienen relaciones con el exterior, sea de gobierno o sea de cualquier ente. Esta es una legislación mucho más amplia, incluso que la del propio (Vladimir) Putin”, señaló el exdiputado liberal.
Por su parte, el miembro del grupo de abogados Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, señaló que las tres leyes (la de cadena perpetua, la regulación de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos) transgreden artículos constitucionales. “Si hablamos, por ejemplo, de cadena perpetua, al modificar el Código Penal e imponer una pena alta que por vida va a cumplir una persona una vez sea condenada, eso violenta lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Política, en la cual se dice que la pena máxima será de 30 años, de tal manera que eso transgrede la ley, y en todo caso, eso requiere una reforma a la Constitución Política y de acuerdo a los especialistas ya sabemos que han opinado que se requiere de dos legislaturas”, detalló el abogado.
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Además, el jurista criticó el hecho de que Ortega habló públicamente de que ya no se daría más amnistía. “Sabemos que esa amnistía fue hecha aparentemente para los presos políticos, aunque al fin y al cabo los efectos no fueron tan correctos, porque mediante auto ellos hicieron más bien un archivo de causa y no sobreseimiento definitivo”, remarcó Montenegro.
Tambien señaló el hecho de presentar la ley tras la situación de dos niñas que fueron violadas y asesinadas “para lo cual hay penas contempladas en todo el código penal que establece en 30 años la pena máxima y si se toma en cuenta que el promedio de vida de un ciudadano es de 70 años, estamos hablando que prácticamente es la mitad de la vida, de tal manera que haciéndole cumplir su condena y luego evitando que esta persona salga mediante indulto sin llevar un control correcto, pues yo pienso que allí es donde está el problema”, acotó el abogado.
Sobre la iniciativa de la ley de Regulación de agentes extranjeros, Montenegro mira que esta es una situación de limitación a un posible apoyo que puedan tener organismos no gubernamentales que realizan una labor que el Estado no hace, porque no tiene esa capacidad y tambien hay una situación de índole politica, de limitaciones a derechos constitucionales, como el derecho a ser personas elegibles para algún cargo público.
Montenegro explicó que el tercer proyecto, sobre ciberdelitos, forma parte de un mismo paquete que él denomina la “triada de leyes” que limitan derechos constitucionales como que el caso de las aspiraciones de algunas personas que están dentro de los organismos haciendo algún tipo de trabajo.
“La ley de delitos cibernéticos prácticamente lo que viene es a impedir lo que dice el artículo 66, el derecho que tiene el ciudadano nicaragüense de ser informado y tambien limita el derecho de los comunicadores sociales como profesionales de la comunicación a informar al ciudadano a través de imágenes, video, audio o a través de medios escritos o cualquier otro medio”, explicó.
“Tambien pretende impedir que la diáspora, la comunidad en el exterior pueda financiar a la oposición nicaragüenses, cuando uno de los principales agentes extranjeros ha sido Ortega, que ha dispuesto de casi 4,000 millones de dólares provenientes de la ayuda de Venezuela”, imputó Montenegro.
Adiós a la democracia
El abogado de los Defensores del Pueblo señaló que todas estas leyes no apuntan a un panorama donde se hable de conceptos democráticos de manera amplia, porque siempre hay limitaciones a los derechos constitucionales que están marcados en el artículo 46, que a su vez cita convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, civiles y socioculturales, entre otros.
Asimismo, para Montenegro prácticamente todo eso es contradictorio con lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos y en reforma de las leyes en el país.
“Lo que estamos viendo ahorita más bien es una involución, porque imponer cadena perpetua eso ya está en desuso; hablar de agentes extranjeros, cuando hay leyes que ya regulan eso y situaciones que están contempladas en el Código Civil, es entrar en materias que ya estan reguladas y aparte de eso, entrar en una etapa de reformar los códigos que ya estaban en uso. Entonces, definitivamente, es una triada de leyes, porque a como decía, el origen parece que es el mismo, la intención es la misma y la finalidad es la misma, que la aprobación, en un dado caso se aprueben viene a ser la misma, tiene que ver con limitaciones a derechos constitucionales”, recalcó el abogado.
Ese paquete de leyes, criticado ampliamente por expertos en la materia y por la comunidad internacional, ha sido propuesto en un mismo mes, septiembre, que irónicamente es el mes de la patria. Además, ha llegado acompañado de un incremento de la represión gubernamental para todos los opositores del régimen.
El politólogo Félix Madariaga, que viajó el sábado a una reunión en San Pedro de Lóvago, Chontales, denunció que durante todo el camino fue asediado y perseguido por una patrulla de la Policía Nacional, llegando incluso hasta el lugar donde se reunió con otros líderes opositores.
A través de un Facebook Live, Maradiaga manifestó, mientras conducía su auto, que con este ya era el noveno día de acoso y hostigamiento permanente de 24 horas a su persona.
“En distintos puntos del país continua el acoso, el hostigamiento, pero a pesar de todos esos mecanismos que tratan de ponerle un bozal a la ciudadanía nicaragüense, continuamos organizándonos, promoviendo la plena unidad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos una Nicaragua con justicia, sin impunidad, sin presos políticos, y con una Nicaragua en libertad, estamos ahora en este momento avanzando hacia otro encuentro de la Coalición Nacional, en este caso en este departamento de Chontales, en algún punto”, dijo.
Al igual que Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, el Movimiento María Elena Cuadra, entre otros opositores han sido asediados por la Policía dominada por Ortega.
