*Alta Comisionada actualiza su informe oral en el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Redacción/ IP Nicaragua
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que en Nicaragua el Gobierno no tiene voluntad para abordar las “tensiones y problemas” existentes y agregó que es preocupante la situación respecto al incremento de casos de femicidios en el país.
Señaló que su oficina se conoció que organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo el año pasado.
El caso más reciente de femicidio que ha consternado al país ocurrió el fin de semana en la comunidad Lisawe, del municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte, dónde un sujeto violó y mató con arma blanca a dos niñas, de 12 y 10 años. El femicida ya fue capturado por la Policía Nacional.
“Se han documentado 68 tentativas de feminicidio, en comparación con 52 en el mismo periodo en 2019. Al respecto, preocupa también la diferencia con los datos oficiales que mencionan únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, evidenciando un posible subregistro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”, señaló.
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Durante el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet declaró que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, no hay avances para superar la crisis sociopolítica y las graves violaciones de derechos humanos en contra de opositores.
“No se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”, dijo.
La Alta Comisionada, señaló ante el Consejo de Derechos Humanos que se celebra en la ciudad de Ginebra, Suiza, que desde entonces su oficina ha documentado al menos 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas.
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Recordó que en el país se siguen registrando casos de “posibles violaciones del derecho a la vida”. Como ejemplo, puso el homicidio que ocurrió el pasado 19 de Julio en el municipio de La Trinidad en Estelí, donde un elemento armado progubernamental asesinó al opositor Jorge Rugama Rizo, de 42 años, solo por gritar “¡Viva Nicaragua libre!”.
«Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales (…) Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, mencionó Bachelet.
Sobre los presos políticos
En su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada se refirió a la situación de los presos que permanecen en las cárceles del país por no comulgar con el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En su más reciente actualización, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, señaló que a la fecha un total de 94 personas permanecen en las cárceles del país, acusados en su mayoría de delitos comunes.
Bachelet denunció la grave situación de salud en la que se encuentran algunos presos de conciencia en el país.
«Siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud. Exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”, señaló.
Enfatizó que, la pandemia de la covid-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales.
En esa línea, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, denunció que el acceso a la salud, se ha convertido en una “agonía constante” para sus familiares.
Bachelet agregó que en el marco de la pandemia, la respuesta estatal que ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico, sigue evidenciando la “necesidad de mayor transparencia y difusión de la información”.
“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país. Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor”, dijo.
Otras violaciones
Por otra parte, denunció la situación a la que en julio pasado fueron sometidos alrededor de 1,300 migrantes nicaragüenses, quienes estuvieron “bloqueados en condiciones precarias por períodos que oscilaron entre 10 y 30 días, en distintas fronteras a la espera de la autorización para regresar a su país de origen”.
Según la Alta Comisionada, su oficina también recibió reportes sobre migrantes que debieron atravesar la frontera por puntos de cruces irregulares por la demora o por no poder costear una “prueba reciente de covid-19 obligatoria”.
Para la Oficina del Alto Comisionado, también son motivo de preocupación los ataques en contra de la libertad de prensa, donde hombres y mujeres de prensa son judicializados y víctimas de «actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía Nacional”.
“También preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar su continuidad como medios informativos”, señaló.
El pasado fin de semana, se conoció oficialmente que el Gobierno de Daniel Ortega ordenó el embargo de los bienes de Canal 12 debido a una deuda fiscal por 21 millones de córdobas.
Bachelet finalizó diciendo que la mayoría de las recomendaciones que formuló en su informe de septiembre de 2019, incluyendo aquellas en materia de reformas electorales e institucionales, “aún no han sido implementadas, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones”.
“Insto nuevamente al Gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021. Le insto también reanudar una cooperación efectiva con mi oficina, incluso autorizando una misión al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo”, puntualizó.
