Un sacerdote católico y un pastor de la Iglesia morava de Nicaragua denunciaron en Ginebra que el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado “la persecución” y “la represión” contra las distintas agrupaciones religiosas y sus seguidores, al punto de prohibir sus actividades y enviar a decenas de sacerdotes al exilio.
“El régimen pretende no solo arrebatarnos nuestras tierras” sino también “controlar todos los espacios de nuestras vidas, incluyendo la Iglesia”, dijo el pastor moravo Francisco Alvicio Watshus, un indígena misquito que participó en un evento sobre derechos humanos paralelo al 57° período de sesiones de Naciones Unidas.
Watshus contó que fue obligado al exilio en Costa Rica “por pretender el derecho a la autodeterminación de mi pueblo”. Agregó que el gobierno sandinista de la década de 1980, que Daniel Ortega presidió de 1985 a 1990, cometió “abusos, violaciones y asesinatos contra la población misquita”.
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“Hoy quiere arrebatarnos nuestra cosmovisión ligada a la Iglesia morava”, afirmó.
Las autoridades de Nicaragua ordenaron la clausura, el pasado 29 de agosto, de la Iglesia morava, fundada en la costa Caribe de Nicaragua en 1849. Watson dijo que esta Iglesia tiene más de 100.000 miembros activos y 350.000 colaboradores en esa zona.
“Pedimos a la comunidad internacional el asilo y refugio para los misquitos que ahora huyen de la represión en Nicaragua», afirmó el religioso, que también demandó “el cese del ataque a nuestra Iglesia, que se respeten nuestras creencias ancestrales y se nos permita regresar a nuestra tierra”.
Persecución política
En el panel se proyectó también un video de un “sacerdote católico exiliado” no identificado, cuyo rostro tampoco se mostró y su voz fue alterada “por temor a represalias”, según se dijo.
“Es evidente que la persecución a la Iglesia tiene una motivación política”, sostuvo el sacerdote en el video, tras señalar que esta situación se agravó después de la rebelión social de 2018, cuando el gobierno de Ortega acusó a varios obispos de ser parte de “un fallido golpe de Estado” por respaldar los reclamos de la población.
Afirmó que hay una “estrategia de persecución” y que “la libertad religiosa ha empeorado seriamente”, pese a que la Constitución nicaragüense establece el respeto a la libertad de cultos.
“La persecución no ha cesado” y los religiosos “se encuentran bajo asedio en Nicaragua”, declaró por su parte la abogada Martha Patricia Molina, experta en temas de la Iglesia católica y presente también en el panel.
