BOGOTÁ —El gobierno de Daniel Ortega ha cometido las “peores” prácticas de violaciones de derechos humanos que existen en el mundo, según Juan Carlos Arce, del colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, en su visita a Colombia, donde dio a conocer la grave situación a derechos elementales que se vive en su país.
El informe, presentado en San José, Costa Rica, donde Arce vive exiliado, recoge los testimonios de víctimas de persecución, encarcelamiento y torturas en Nicaragua.
Los datos no pudieron ser confirmados de forma independiente, dado que el gobierno de Ortega no suele informar sobre supuestas violaciones de derechos humanos ni hechos relacionados con la oposición, más allá de las detenciones y condenas que involucran a opositores. El gobierno de Managua además ha insistido en que la oposición busca sacarlo del poder desde 2018, cuando comenzó una crisis sociopolítica a raíz de protestas que llevaron a muchos a la cárcel, al exilio o ha sido desplazados dentro de Nicaragua.
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Arce, en entrevista el pasado viernes 28 de julio con la Voz de América, remarcó que su visita a Colombia está centrada en “intercambiar” ideas con diferentes actores de la sociedad civil colombiana sobre sus “experiencias” en materia de denuncia de violación de los derechos humanos.
“En Colombia buscamos conocer con los diferentes representantes de la sociedad civil qué es lo que están haciendo y cómo están documentando las denuncias de violaciones de derechos humanos, porque lo que ocurre en Nicaragua es una de las experiencias más graves de la región”, dijo.
Agregó que “en América Latina hay unos patrones de impunidad total no solo en crímenes perpetrados por el estado, sino también por fuerzas paraestatales”.
Esta entrevista ha sido editada por su extensión y para ganar en claridad.
VOA: ¿Qué ha pasado con las víctimas y quiénes son los principales responsables de éstos hechos de acuerdo al informe?
Arce: «La mayoría de las víctimas está en el exilio precisamente por demandar justicia en estos casos que se encuentran en total impunidad. En el informe hemos identificado 154 nombres de perpetradores en todos los niveles, desde funcionarios de centros penitenciarios, pero sobre todo de la policía nacional, que se ha convertido en una de las principales piezas para la persecución por parte del régimen».
VOA: ¿Cómo y qué metodología usó desde el exilio la oenegé «Nicaragua Nunca Más” para la recolección de datos de todos los supuestos casos de violación de derechos humanos que denuncian en este informe?
Arce: «Desde el principio, lo más importante es establecer un proceso, el más humano posible, porque las víctimas no son solamente fuente de información, sino que son personas que tienen destruida el alma, ese es un aspecto importante.
Por otro lado, otro de los aspectos que hemos incorporado en nuestro protocolo de documentación lineal que tiene que ver con el protocolo de Estambul, que es el protocolo para víctimas de tortura, es decir, es un trabajo interdisciplinario muy complejo, pero que hay que hacerlo».
VOA: ¿Estos casos expuestos en su informe los ha conocido alguna instancia judicial internacional?
Arce: «El año pasado el comité contra la tortura hizo un análisis de la situación nicaragüense, no es una instancia judicial, pero es una instancia de Naciones Unidas. El estado nicaragüense no se presentó porque lo que está haciendo es desconocer cualquier mecanismo de protección.
Naciones Unidas también creó el grupo de expertos para Nicaragua, que se le conoce como GHREN, que presentó un informe donde confirmó la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua».
VOA: ¿El gobierno de Daniel Ortega conoce de este informe?
Arce: «Seguramente el gobierno de Nicaragua conoce nuestro trabajo, de hecho el presidente de nuestra organización fue despojado de su nacionalidad como una represalia por el trabajo que realizamos, porque en esta etapa el régimen se ha encargado de mandar el mensaje que aunque estés fuera del territorio nacional puedes ser víctima de represalias».
VOA: ¿El gobierno de Daniel Ortega ha dicho ha insistido en que la oposición ha querido sacarlo del poder a través de «un golpe de Estado»?
Arce: «La narrativa ha sido esa desde 2018, es decir, 600.000 personas que aproximadamente han salido del país por razones políticas y de la crisis económica no pueden ser parte de un golpe de Estado.
Pedir libertad, democracia, justicia no pueden ser argumentos para decir que esto es un golpe de Estado, de ninguna manera.
Lo que pedimos, al menos en mi condición de refugiado en Costa Rica, es poder retornar a mi casa con garantías mínimas donde haya todo esto que acabo de mencionar y que en este momento nada de eso existe».
VOA: ¿Qué esperan con este informe?
Arce: «El mayor sueño que tenemos los nicaragüenses es justicia. Nicaragua ha estado marcada por la impunidad con 52 amnistías y ese círculo vicioso de dictadura en dictadura con la de Somoza y ahora está de Ortega obedece a la falta de memoria y de justicia.
Ojalá que la solución de la crisis vaya acompañada de soluciones de justicia y de reparación a la víctimas, memoria y verdad. Los dictadores se van a ir, pero va a quedar un país despedazado con un tejido social destruido. Yo estoy convencido de que esta salimos juntos».
La investigación
La investigación revela 40 tipos de tortura, entre las cuales destacan la violencia sexual, amenazas de muerte, desaparición forzada, condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato, entre otras.
De los 158 casos denunciados subrayan que en 113 de estos las personas fueron víctimas de violencia sexual.
Sobre este informe el estado nicaragüense no se ha pronunciado, sin embargo, el gobierno de Ortega ha negado en varias ocasiones que en el país centroamericano se practique la tortura.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, ha señalado que en Nicaragua “se han cometido, y se siguen cometiendo graves violaciones y abusos a los derechos humanos”.
Igualmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó recientemente una resolución en la que condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua e instó al gobierno de Daniel Ortega a acabar con este tipo de violaciones.
Con información de la Voz de América
