Redacción / IP Nicaragua
Los familiares de los asesinados en el contexto de la represión iniciada hace cuatro años por el gobierno Ortega-Murillo y de los presos políticos tienen un solo pedido de justicia y libertad.
“A mi me gustaría saber que quien mató a mi hijo está detenido y que pagará por habérmelo arrebatado”, dice don Miguel Parajón, padre de Jimmy Parajón, asesinado el 11 de mayo de 2018 por un francotirador en las cercanías a la antigua Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
Don Miguel, además de perder a un hijo durante las protestas de abril de 2018, tiene preso a su otro hijo Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez. “Ha sido una pesadilla, un tormento”, dice don Miguel.
Al exilio forzado
Previo al 18 de abril, Migueliut Sandoval, viuda del periodista Ángel Gahona y Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío asesinado hace cuatro años, marcharon por las calles de Miami en Estados Unidos para exigir justicia por los suyos y las demás víctimas de abril.
Antes, denunciaron a la dictadura y sus abusos en Nicaragua, pero se han visto obligados a salir del país para preservar su vida.
“Buscamos un lugar seguro donde nuestra vida no siga más en peligro y desde donde podamos seguir exigiendo justicia por nuestro hijo asesinado”, dijo Lorío.
Miles nicaragüenses han tenido que salir del país por la política de persecución, asedio y amenazas que el régimen ha implementado.
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“El régimen no solo ha fallado en la solución aquí en el país, sino que ahora tenemos otra trinchera desde donde pedir justicia”, dice Oscar, un joven que huyó de su natal Granada tras pasar varios días en una celda preventiva durante los primeros arrestos de abril.
Karen Lacayo, hermana de Edward Lacayo, el preso político más conocido en la resistencia de Monimbó como la “Loba Feroz”, dice que tiene un sueño recurrente. En éste su madre se ve más joven, y aparece su hermano, libre. Están a la mesa y “está toda la familia reunida” como alguna vez estuvieron.
La hermana del preso político vive ahora un amargo exilio, debido a que policías y parapolicías no la dejaban ir ni al mercado.
“Me seguían, era un asedio que no te daba paz, salimos desesperados, porque hasta habían días en que no lo dejaban salir a uno de la casa”, relató Lacayo.
El 07 de noviembre del año pasado, Lacayo emprendió el camino hacia Estados Unidos. “Ha sido duro, difícil, mi madre tiene 70 años y está muy enferma. Estar lejos, no saber de mi hermano y saber lo que la madre sufre es triste”, se lamenta la nicaragüense.
En marzo pasado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet informó que entre 2018 y 2021 al menos 144,000 nicaragüenses salieron del país. Según ese informe, 75 mil 943 nicaragüenses han pedido asilo político ante su oficina de migración de Costa Rica.
El mismo informe detalla que unos 15 mil más gestionan y lo han hecho en varios países de Europa, especialmente España, en Panamá lo hacen 7, 728 y en México 2, 851.
Vida en la cárcel
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 31 de marzo , la lista de presos políticos en Nicaragua incrementó a 181.
“Estos números aumentarán con las redadas y detenciones que ocurrieron en esta Semana Santa”, dijo un analista que pide no ser identificado para este reporte.
“Hemos sabido por sus familiares que hay malos tratos, lo que prueba que son presos políticos”, señaló Brenda Gutiérrez, del Comité de Familiares de Presos Políticos.
Los familiares del preso político Bryan Kessler Alemán alertaron de un severo quebrantamiento en su salud. “Padece de preocupantes dolores abdominales y lo peor, le niegan acceso a médicos. Es inhumano”, se quejó la hermana de Bryan, Hanzi Alemán.
El opositor de 28 años fue recapturado en agosto del año 2020 en el gimnasio donde iba hacer ejercicio en un barrio de Managua.
El sufrimiento que padecen estas familias no las ha doblegado. “Es gente inocente que no ha hecho nada malo, exigir un derecho no es un delito. Ellos lo saben y la comunidad internacional lo sabe”, agregó Karen Lacayo.
