Redacción / IP Nicaragua
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró en Nicaragua 916 agresiones en contra de organizaciones, defensoras de derechos humanos, excarcelados políticos y sus familiares en los últimos seis meses.
Los 916 casos fueron documentados en 14 de los 15 departamentos, incluyendo las dos regiones autónomas de Nicaragua, lo que revela una “política de persecución generalizada y sistemática” por parte del Estado en contra de estos grupos de la población.
“El Estado de Nicaragua promueve una política de persecución generalizada y sistemática contra ciertos grupos de interés, para obstaculizar sus labores de fiscalización al poder del Estado y denuncia de violaciones a derechos humanos”, denunció el organismo mesoamericano.
Lo anterior, según la organización de derechos humanos, bota el discurso tergiversado que ofreció el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en una audiencia virtual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se evaluaron las medidas provisionales otorgadas al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La semana pasada, la procuradora general de la República, Wendy Morales, tergiversó la realidad que se vive en Nicaragua y aseguró ante la Corte IDH que, la Policía Nacional “no acosa” a los organismos de derechos humanos.
Morales, afirmó que las patrullas policiales que persiguen y hostigan a los activistas, “es la forma que tiene el Estado para darles seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por este organismo regional”.
“Estas estrategias de represión de Estado, no son nuevas, se han visto utilizadas por otros regímenes autoritarios en el pasado, y buscan no solamente desmovilizar a personas y grupos dirigidos y sus familias, como los que acabamos de describir, sino también a la sociedad en general”, denuncia IM-Defensoras.
Para el organismo mesoamericano es preocupante “la consolidación de esta estrategia represiva por parte del Estado de Nicaragua”, particularmente en el contexto de este año electoral.
Evidencias de los hechos
Al menos 12 de los hostigamientos registrados estuvieron dirigidos contra el Cenidh y la CPDH, afirmó IM Defensoras, lo que contradice la “versión y la tergiversación de la realidad ofrecida por la representante del gobierno nicaragüense” ante la Corte IDH.
📝Lee nuestro comunicado de prensa, "Nicaragua: Más de 900 hostigamientos en 6 meses evidencian estrategia gubernamental de persecución política contra defensoras de derechos humanos y personas excarceladas” 👉🏾 https://t.co/T2XE8GT5ov
— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) May 12, 2021
El pasado 21 de abril, mientras un equipo de la CPDH conformado por los defensores Pablo Cuevas y Carla Sequeira, fueron expulsados de Chinandega por agentes policiales cuando pretendían impartir un seminario para promotores de derechos humanos en ese departamento.
Los agentes policiales les informaron que no podían realizar la actividad, siendo escoltados hasta la salida de ese departamento, situación que contradice el discurso de la funcionaria de los Ortega-Murillo.
Abril, un mes lleno de asedios
Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, la IM-Defensoras documentó un aproximado de 529 actos de hostigamiento contra un total de 121 defensoras de derechos humanos.
En el marco del tercer aniversario de la “Rebelión de Abril”, la organización registró 231 agresiones dirigidas contra defensoras que defienden un amplio espectro de derechos, entre ellos el derecho a la verdad justicia y reparación, derecho a una vida libre de violencia, derechos a la información y la libertad de expresión.
Además de proteger el “derecho de defender derechos, derecho a la salud, defensa de tierra territorios y recursos naturales, derechos de los pueblos indígenas”.
Hostigamiento contra excarcelados políticos
Desde la Unidad de Registro (UDR) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), IM-Defensoras evidencia un total de 387 hostigamientos a personas excarceladas, de los cuales 308 estuvieron dirigidos directamente a ellos y 77 a sus familiares.
Del total de hostigamientos dirigidos a estos grupos, 185 se produjeron en el mes de abril y 310 ocurrieron en los domicilios.
¡Aquí no se rinde nadie! El excarcelado político Lenín Salablanca encara a policías que asedian su vivienda. #SOSNicaragua pic.twitter.com/xpedMmAvXj
— Yader Luna (@Lunacero) April 19, 2021
“La práctica sistemática, dirigida y reiterada de estos hostigamientos por parte del Estado está generando graves impactos, sobre todo, las dimensiones de la vida de las personas que los sufren y sus familias”, menciona el organismo mesoamericano.
La IM-Defensoras, señala que ese hostigamiento obstaculiza las “labores de defensa de derechos humanos y fiscalización al poder del Estado que ejercen estos grupos”. Por otro lado, recaen en la “precarización de sus medios de vida, en tanto que vulneran su derecho al trabajo; así como consecuencias psico-emocionales en las personas hostigadas y sus familias, especialmente hijos e hijas, como estados de hipervigilancia y ansiedad”.
La muerte civil, es otra afectación importante tanto personal como organizacional, por la “falta de acceso a servicios públicos, así como por la aprobación de leyes como la ley de agentes extranjeros que limitan y criminalizan la labor de estos grupos”, puntualiza el organismo.
La IM-Defensoras lanzó un llamado a la comunidad internacional para que esté vigilante de la situación en Nicaragua.
