* Sentencia refiere que hechos constituyen delito de lesa humanidad.
Redacción IP / Nicaragua
En el contexto de las protestas de 2018, el uso de la violación sexual como una expresión de tortura fue una práctica que implementó indiscriminadamente el Estado de Nicaragua, concluyó un tribunal de conciencia en Costa Rica.
“No cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres, mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”, describe la sentencia que fue dictada por un jurado.
El jurado conformado por las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio; la defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger; la abogada española Almudena Bernabéu y el abogado español Jared Gensier basaron su resolución en cuatro peritajes.
Los miembros de este tribunal coincidieron que las personas fueron primeramente detenidas de manera arbitraria y “todas ellas fueron trasladadas a dependencias de la Policía o fincas privadas en diferentes partes del país”, donde se cometieron los actos ilícitos.
“Una vez allí, todas estas personas fueron custodiadas y sujetas al control y voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales de la misma manera, que todas ellas fueron sometidas a similares torturas y vejaciones, que todas ellas fueron posteriormente amenazadas”, concluyó el jurado.
Recogen testimonios
Los miembros del tribunal de conciencia: “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua”, convocado por la Fundación Arias y el Progreso Humano de Costa Rica explicaron en su sentencia que actuaron con absoluta independencia y que su único interés era comprobar los hechos que se presentaron.
El jurado conoció los relatos de 18 víctimas que fueron detenidas arbitrariamente entre el 21 de abril y el 25 de agosto de 2018 en el marco de las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para dictar su fallo, conocieron de la boca de expertos cuatro peritajes que fundamentan los hechos.
Peritaje jurídico
Se demostró que la tortura sexual, particularmente la violación sexual, fue parte de un “plan sistemático de autoridades nicaragüenses”, dejando los casos en “impunidad”.
Según el jurado, los testimonios de las personas dan fe de la “gravedad, escala, carácter sistemático y generalizado de la acción estatal” de una serie de hechos que merecen ser calificados como crímenes de lesa humanidad.
“El Estado nicaragüense ha cometido crímenes contra la humanidad, con participación de autores materiales e intelectuales (…) Crímenes condenados por el mundo civilizado y que lesionan no sólo la integridad de las víctimas, sino también la conciencia y la dignidad humana en su globalidad”, señala la sentencia.
Los hechos cometidos ocurrieron en diferentes lugares del país como Managua, Chinandega, Masaya, Jinotepe, Mateare, Granada, Estelí y la Comarca Reitón, donde las víctimas fueron sometidas a tortura física, es decir ejercicios físicos extenuantes, golpes con los puños y patadas, golpes con objetos, golpes con pistolas y culata de fusiles, extracción de uñas de los pies y manos, etcétera.
Peritaje cadena de mando
A través esta prueba se logró evidenciar que los captores siempre iban armados. Algunos portaban armas de guerra (fusiles AK – 47, fusiles de francotirador Dragunov, fusiles M – 16) o armas de uso civil como escopetas calibre 12, pistolas o revólveres.
Algunos iban vestidos con uniformes policiales, ropa camuflada o de civil, pero usando pasamontañas o capuchas.
“Se identifica verticalidad de mando. Una persona da la orden, el resto obedece”, define la sentencia.
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Por otro lado, las víctimas lograron identificar a extranjeros, que pudieron ser cubanos y venezolanos, por su acento.
Peritaje psicosocial
Este peritaje establece que, debido a la tortura sexual a la que fueron sometidas las víctimas, sufren en la actualidad “impactos psicosociales”, es decir estrés postraumático.
“Esto significa que, para las víctimas, la tortura y la tortura sexual no son hechos que se encuentran en el pasado, sino que se actualizan a través de la reexperimentación traumática, produciendo un sufrimiento actual, que afecta todos los ámbitos de su vida”, refirió el jurado.
“Podemos afirmar que el discurso de odio proferido por los líderes políticos del régimen hacia las personas que participaron en las protestas, y que se reproduce durante las detenciones y la tortura, así como la polarización social, dieron lugar a que personas que son servidores públicos o participan en grupos parapoliciales o paramilitares cometieran estos actos atroces”, resumió el jurado.
Peritaje de contexto
El regreso de Daniel Ortega al poder fue la antesala de un “proceso progresivo” de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, advirtió el tribunal.
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Todo lo anterior quedó expuesto por el control partidario y corrupto de los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial- y el irrespeto a los derechos ciudadanos consignados en la Constitución Política como la libertad de expresión, por ejemplo.
En un periodo de transición, el jurado propone una serie de medidas de reparación integral del daño causado a las víctimas.
