*Además les aplican grandes multas a pesar que la prueba no los vincula en los hechos acusados.
Redacción IP Nicaragua
En las últimas sentencias contra los presos políticos, los jueces han impuesto penas privativas de libertad superiores a los diez años de prisión, además de multas no inferiores a los 30 mil córdobas.
Las penas son impuestas a pesar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no vinculan a los presos políticos en los hechos acusados, afirmó el abogado Julio Montenegro, del equipo de defensores de derechos humanos, Defensores del Pueblo.
“Eso se conoce dentro de los procesos penales como prueba falsa o prueba espuria, la prueba falsa cuando evidentemente no corresponde a una situación real y la prueba espuria es cuando es obtenida de manera ilegal, incorporada al proceso de manera ilegal”, manifestó Montenegro.
El abogado explicó a IP Nicaragua que incorporar una prueba en el juicio de “manera ilegal” hace que la misma “no tenga valor alguno” en el juicio, pero no ocurrió así en cada uno de los casos de los presos políticos.
“Ni siquiera deberían ir estos procesos a un juicio oral y público, mucho menos determinarse responsabilidad penal o fallo de culpabilidad, como hacen los jueces actualmente”, denunció Montenegro.
IP Nicaragua te presenta tres casos donde los presos políticos han recibido ese tipo de penas privativas.
Marvin Antonio Rodríguez López, 53 años
Es originario de Monimbó, Masaya. El año pasado, Marvin Antonio Rodríguez López fue detenido en dos ocasiones.
La primera vez, ocurrió el 2 de julio de 2019, cuando la Policía con la colaboración de paramilitares lo capturaron en un momento que salió de su casa y lo llevaron a la delegación acusándolo de financiar bombas, pero fue puesto en libertad.
El 27 de septiembre de ese mismo año, por segunda ocasión, fue nuevamente capturado cuando los agentes allanaron su vivienda sin ninguna orden judicial, supuestamente en busca de químicos explosivos.
El 22 de mayo de este año en un retén policial, ubicado en el sector de los tanques de Mebasa, carretera hacia el municipio de Catarina, la Policía lo interceptó y esta vez lo acusaron del delito de tráfico de drogas.
El pasado 31 de julio, fue declarado culpable y condenado a una pena de 10 años de prisión y una multa de 31,165 córdobas por el delito de tráfico de estupefacientes, afirmó el doctor Montenegro.
Rodríguez López, además se le condenó por el delito portación y tenencia ilegal de armas de fuego, por lo cual le impusieron 10 meses de prisión y 80 días multa que equivalen a 4,986 córdobas.
Además, el Ministerio Público lo acusó por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancia y artefactos explosivos por lo cual recibió una pena de 6 años de prisión y 300 días multas, que equivalen a 18, 699 córdobas.
“Si usted suma los 10 años más los seis son 16, más los meses estamos hablando de casi 17 años y la multa es significativa”, señaló Montenegro.
Uriel José Pérez, 28 años
El preso político fue señalado de pertenecer a una banda conocida como “La Cegua”. Es también originario de Monimbó, Masaya, y recibió una pena privativa de libertad de 15 años de prisión y mil días multad.
“Estamos hablando que se le impone la pena máxima por el delito de tráfico (de estupefacientes) y se le impone una multa, sacando la equivalencia de los mil días multas de 62, 390 córdobas, entonces ahí tiene otro caso donde efectivamente hay unas multas grandísimas que han aplicado a estos ciudadanos”, señaló el abogado de Defensores del Pueblo.
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El juicio contra este preso político concluyó el 13 de julio de 2020. Uriel José fue detenido el 13 de noviembre de 2019.
José Gadiel y Ángel de Jesús Sequeira, 28 y 18 años
El delito es el mismo, tráfico de estupefacientes, pero inicialmente se le vinculó por la explosión de una bomba artesanal la noche del 19 de noviembre de 2019 en la calle el Tamarindo en las Américas 3 en Managua.
La captura de los jóvenes autoconvocados fue un día después de la explosión, es decir el 20 de noviembre por la tarde.
Los hermanos Sequeira, que trabajaban en la elaboración de camisetas, gorras y otros productos serigrafiados con mensajes referente a la lucha “azul y blanco”, fueron condenados por crimen organizado y tráfico de estupefacientes.
Por el delito de tráfico, a cada uno de ellos, se le aplicó una pena de diez años de prisión y 550 días multa, que equivale a 34, 314 córdobas con 50 centavos. “También se les declara culpable por un supuesto crimen organizado y se les pone la pena de 12 años de prisión, los dos delitos nos hacen 22 años”, manifestó Montenegro.
“Esa es la situación de los presos políticos donde se les está imponiendo penas superiores a los diez años y días multas que sobrepasan fácilmente los 30 mil córdobas”, puntualizó Montenegro.
