Redacción / IP Nicaragua
Después del estallido social de 2018, el gobierno de Daniel Ortega estableció un mecanismo para anular a las organizaciones civiles y a la fecha han ilegalizado a 139 asociaciones de derechos humanos, de la niñez y de la mujer, de promoción de la salud, educativas, ambientales, entre otras.
“Está claro que es una ofensiva contra la sociedad civil”, dice Ana Quirós, quien fue despojada en 2018 del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS.
Quirós afirmó que el objetivo del régimen es descabezar todas son las instituciones humanitarias.
“Es porque trabajan en favor de la población que el régimen reprime”, añade la activista que vive en el exilio, tras ser expulsada del país en noviembre de 2018, tres días antes que le “echaran mano” a la oenegé que ella dirigía desde que le fue otorgada la personería jurídica en 1990.
“Todos perdemos”
En Chinandega, en la comunidad Morazán, del municipio Puerto Morazán, los pobladores afirman que el Centro Humboldt no podrá continuar con el proyecto de agua potable que busca beneficiar a unos mil 200 habitantes que viven en el llamado Sector Número 4.
El proyecto inició el año pasado y al finalizar la comunidad dejaría atrás 10 años de vida sin agua.
“Aquí todos perdemos”, dice Dania Gonzáles, que con los 13 miembros de su familia es una de las beneficiarias del proyecto.
La Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo (Cociger), con sede en Guatemala, criticó la acción de los legisladores nicaragüenses y se solidarizó a través de un comunicado, con las organizaciones afectadas.
Destacó que el Centro Humboldt venía desarrollando una importante política de gestión del riesgo ante desastres en zonas vulnerables del país.
El coordinador de Cociger, Guido Calderón, advirtió que, sin el apoyo del organismo en los territorios, la vulnerabilidad se vuelve crítica.
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El cierre de Humboldt implica también la desaparición de un proyecto que tiene como fin proteger los bosques de manglares que crecen en las costas de occidente, en la isla Juan Venado, León y el fin de una red de monitoreo climático que proveía información al público sobre las temperaturas y el comportamiento de la lluvia en varias zonas del país.
Los más pequeños quedan desprotegidos
En San José de Cusmapa la vida de sus habitantes no volvió a ser la misma desde el 11 de febrero pasado cuando la Asamblea Nacional le arrebató al caserío los centros de la Fundación Familia Fabretto.
Solo en esa localidad más de 2 mil niños y cerca de 36 familias fueron afectadas.
La organización fundada en 1948 por el misionero salesiano y sacerdote Rafael María Fabretto, administraba nueve centros educativos y de formación social en Estelí, Madriz, Ocotal, Somoto, Managua y Granada.
54 mil niños recibían en esos centros clases, reforzamiento y merienda escolar. Todo fue confiscado por el régimen Ortega-Murillo.
Un comunitario que pidió hablar en anonimato para evitar la represión, dice que los centros todavía operan con el financiamiento que los donantes cedieron para los primeros meses del año.
“Dijeron que si pasaba a manos del Estado ya no darían más dinero, los que perdemos somos nosotros, la comunidad”, se lamentó.
La peor cara del régimen
El régimen ha dirigido sus acciones en contra de organismos que velan por los derechos de las mujeres.
El Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra fue cancelado el 15 de febrero último.
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Yadira Juárez, una exobrera de la maquila, reconoce la ayuda que le brindó el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra cuando fue despedido de su centro de trabajo.
La organización hasta le garantizó «bonos alimenticios para ella, sus tres hijos y su esposo jubilado», afirmó.
