- En 365 días, los nicaragüenses han vivido una dura realidad por el secretismo, falta de información y el inadecuado manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia.
Redacción / IP Nicaragua
La tarde del miércoles 18 de marzo de 2020, la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo, anunció en vivo en los medios oficialistas, el primer caso positivo de covid-19 en el país.
Desde entonces, la veracidad de las informaciones alrededor del comportamiento del virus en Nicaragua, han sido sustituidas por el misterio, el secretismo y el terror expandido entre la población, ya sea de boca en boca o a través de las redes sociales.
Del primer caso oficialmente admitido por el gobierno, solo se reveló que era un hombre de 40 años, un militar que había regresado de Panamá y que cinco días después comenzó a presentar los primeros síntomas, por lo que fue hospitalizado el 17 de marzo.
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A la semana siguiente, el 26 de marzo, la vocera del gobierno también informó sobre la primera muerte por covid-19 en el país. Se trató de un reconocido estilista que adquirió el virus en Colombia, a donde había acudido para una capacitación.
¿Pero, qué ha ocurrido realmente en Nicaragua a la fecha? Estas son algunas claves para comprender la situación que han vivido los nicaragüenses frente a la pandemia desde que se detectó el primer caso en el país.
Sin medidas preventivas
Mientras en la mayoría de países del mundo se tomaban medidas de prevención para evitar el avance de la pandemia, imponiendo estrictas cuarentenas, suspensión de clases y de horas laborales, el cierre de fronteras aéreas y terrestres, así como la prohibición de toda actividad que implicaba aglomeración de personas en cines, restaurantes, museos, estadios y centros recreativos, en Nicaragua, el Gobierno hizo todo lo contrario.
Mientras China, Italia y España reportaban miles de muertes, la vicepresidenta Murillo convocó a los seguidores de su partido a participar en una marcha denominada “Amor en tiempos del covid-19”, que se realizó el sábado 14 de marzo de 2020.
La multitud, conformada por trabajadores de las instituciones públicas, utilizando todos los recursos del estado, incluidos vehículos del Ministerio de Salud y todo su personal, paradójicamente le dio la “bienvenida” a la pandemia.
“No se declaró la pandemia como emergencia sanitaria en el país. No se elaboró un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para ayudar en la prevención de la pandemia y que los trabajadores tuvieran menos riesgo de contagiarse. Se han visto brotes en muchas empresas y también una propagación comunitaria y la gente ha tenido que recurrir a sus propios medios para tratar de salvarse”, afirmó el epidemiólogo, Álvaro Ramírez.
Cifras ocultas
A la política de negación de la realidad, el gobierno asumió una “normalidad”, que consistió en no cerrar las fronteras, colegios, comercio, ni siquiera suspender actividades deportivas como el campeonato de béisbol y de fútbol, donde se aglomeraban miles de aficionados.
Al final de marzo, los contagios «oficiales» sumaban solo cinco y se había reportado la primera muerte, pero el recién instalado Observatorio Ciudadano ya había identificado 123 casos sospechosos y siete muertes.
Ante el aumento abrumador de casos de covid-19, el gobierno optó por ocultar las cifras reales para aparentar un control de la pandemia, pero la población todos los días, sobre todo de noche, empezó a ver las caravanas de “entierros exprés” que entraban en silencio a los cementerios de todo el departamento de Managua.
Gobierno congela estadísticas
Debido a la falta de transparencia, ocultación de datos y el secretismo oficial, la sociedad civil organizó el Observatorio Ciudadano covid-19, un grupo multidisciplinario conformado por médicos independientes y colaboradores dentro del sistema de salud estatal para llevar un registro paralelo confiable del impacto de la pandemia en Nicaragua.
Entre el 14 y el 27 de marzo de 2020, mientras el Ministerio de Salud (Minsa), en sus estadísticas reconocía 759 casos de personas contagiadas, el Observatorio Ciudadano había recabado 2,966 casos. Sin mencionar el hecho de que en el país, el gobierno es el único autorizado a realizar las pruebas clínicas para detectar o diagnosticar el coronavirus.
Para esa misma fecha, el Minsa reconocía 35 personas fallecidas por el virus, muy por debajo de las 805 muertes sospechosas por la pandemia reportadas por los médicos independientes del Observatorio.
La última nota de prensa del Observatorio Ciudadano publicada el 13 de marzo de 2021, da cuenta que del 4 al 10 de este mes se reporta un acumulado de 13,237 casos sospechosos verificados en el país y 3,002 muertes por neumonía o sospechosos de covid-19.
Mientras tanto, el Minsa elevó a 176 las muertes y 6,602 casos de covid-19 en el país. Los últimos informes solo dan cuenta de un muerto de covid-19 a la semana.
En las semanas que ocurrieron las mayores tasas de muertes en los hospitales, los médicos se vieron obligados a poner en el acta de defunción que las personas fallecían por “neumonía atípica” y no por la covid-19, de lo contrario eran despedidos.
Más de 400 trabajadores de la salud, entre médicos especialistas, enfermeras y otros trabajadores de los centros asistenciales púbicos que se atrevieron a decir la verdad, fueron despedidos por demandar las mínimas medidas de prevención, según denunciaron los afectados ante organismos de derechos humanos.
Se llegó a prohibir incluso el uso de mascarillas a los médicos en los hospitales públicos durante la etapa más letal de la pandemia para no “causar alarma” entre los pacientes, lo que provocó el contagio y muerte entre el personal médico, según denunciaron familiares de los afectados.
“Nicaragua está a nivel de los países más bajos del tercer mundo en el abordaje de la pandemia”, aseguró Ramírez.
Gobierno acapara pruebas de la Covid-19
El 6 de abril de 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entregó a Nicaragua una donación de 26,000 pruebas PCR para identificar el virus, pero a la fecha no se sabe qué pasó con el donativo.
Nicaragua no cumple con la demanda de transparencia en el manejo de la pandemia, ni siquiera entrega información transparente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según han denunciado los médicos del Observatorio.
Al día de hoy, ni siquiera se sabe oficialmente cuántas pruebas de covid-19 se han realizado en el país, ni se han revelado los datos reales sobre las afectaciones en la población producidas por la emergencia sanitaria.
Sin plan de vacunación
Nicaragua, a diferencia de otros países, recibió su primer lote de vacunación en secreto.
La donación de 6,000 vacunas Sputnik V, correspondió a una donación de la Federación Rusa y se supo que se podrían inmunizar a unas 3,000 personas.
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Recientemente, se recibieron donativos del Gobierno de la India, a través del Mecanismo Covax, establecido para países pobres, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El epidemiólogo Álvaro Ramírez, sostiene que las primeras 6 mil dosis de vacuna rusa Sputnik V, se están usando en Nicaragua para hacer un “estudio piloto” de afectación en pacientes con insuficiencia renal en ambiente hospitalario, como condición que puso esta empresa a Nicaragua.
“Usan a los pacientes con insuficiencia renal como conejillos de india como parte del laboratorio humano para sacar el Sputnik y ver qué consecuencias tenía en pacientes con esta insuficiencia”, advirtió el especialista.
El epidemiólogo indicó que la población no debe bajar la guardia con las medidas para prevenir el virus, pues considera que en Nicaragua seguirán ocurriendo “brotes comunitarios”.
