- Estudio revela que los 264 casos de asesinatos registrados en Nicaragua en 2020, ocurrieron en un contexto de represión estatal constante, lo cual actúa como un «dinamizador» de otras formas de violencia.
Redacción / IP Nicaragua
Los 264 casos de asesinatos registrados en Nicaragua durante el 2020, han ocurrido en medio de un contexto donde la constante ha sido una política de represión ejercida por gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esto representa un “cambio importante en el escenario de la seguridad” en el país, revela el informe titulado “2020 Violencia e Inseguridad en Nicaragua”, que presentó la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra.
En los 264 casos de asesinatos, el estudio identificó un total de 291 víctimas.
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El documento dado a conocer en conjunto con el equipo de Monitoreo Azul y Blanco, señala que la violencia política se ha convertido en el “principal dinamizador” de otras formas de violencia e inseguridad, vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, así como el crimen organizado.
Los asesinatos constituyen una de las “expresiones más agudas de la violencia”, explicó Cuadra durante la presentación del informe.
El informe identifica que la existencia de grupos paramilitares y la “impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la policía”; además de la disponibilidad de armas de fuego en manos de la fuerza policial y de esos grupos paraestatales, son factores que contribuyen a este escenario.
Por otro lado, los “discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el Gobierno”, también contribuyen a esta situación de violencia, señala el informe.
Violencia se extiende a centros urbanos
La experta en temas de seguridad afirmó que este tipo de violencia letal es una “tendencia sostenida desde el año 2019”, y no solo sostenida, sino que se ha incrementado y extendido a los centros urbanos del país, como lo revela el informe.
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Comparando el dato obtenido en 2020 con el mismo período del 2019, cuando ocurrieron 141 asesinatos, hay una diferencia de 123 casos; lo cual significa un incremento del 87.2 %, señaló Cuadra.
En 2019, la cantidad de casos en el sector urbano “era relativamente baja” comparado con los hechos reportados en 2020.
De los 141 casos de 2019, solamente 40 ocurrieron en zonas urbanas, mientras que 101 de los crímenes fueron cometidos en áreas rurales.
Durante el 2019, el mayor porcentaje de casos ocurrió en las zonas rurales, pero la investigación revela que en el 2020 el 44.7 % de los asesinatos (118) se produjeron en zonas urbanas y el restante 54.9% (145), en zonas rurales.
“Esto indica que el fenómeno de la violencia letal se está extendiendo hacia los centros urbanos”, detalla el informe.
El dato «preocupante»
Los datos para este reporte fueron recopilados a partir de la información que ha circulado en diferentes medios de comunicación entre los meses de enero y diciembre.
En este período se identificó que 22 de las víctimas tenían alguna vinculación política (7.5 %) con partidos políticos, organizaciones del movimiento cívico, organizaciones religiosas o de otra índole, por lo que se presume que sus asesinatos también están relacionados con “razones políticas”.
El informe detalla que más de la mitad (55 %) de los asesinatos fueron cometidos por una persona, pero el 24% fueron cometidos por dos o más personas, lo que sugiere un “dato preocupante”.
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Solamente en el 3.8 % de los perpetradores se identificó “algún tipo de vinculación política”, y de esos, la “mayoría fueron identificados como paramilitares y policías”, explicó Cuadra.
Los meses en los que se presentaron más casos fueron diciembre con 32 casos (12.1 %); septiembre con 31 (11.7 %) y enero con 27 (10.2 %). Otros meses con alta incidencia fueron octubre, agosto y noviembre, detalla el documento.
Managua se ubica con el porcentaje más alto de casos con 19.3 %, es decir 51 de los asesinatos; seguido del departamento de Jinotega con 18.2 % (48 casos) y la Región Autónoma del Caribe Sur con 11.4% (30).
Matagalpa (26 casos), la Región Autónoma del Caribe Norte (23) y Nueva Segovia (19), también tienen una incidencia importante, señala el documento de la investigación.
A la fecha, la política de represión del gobierno, según el informe, ha “transitado al menos por once fases desde abril de 2018”, y el estado de excepción de facto que se impuso a los ciudadanos contribuyen a la expansión de la “situación de la violencia letal” en el país, agrega la investigación.
