Vilma Núñez: El riesgo de “pruebas inventadas y fabricadas” en el caso contra Cristiana Chamorro

“Si se cumplen los 90 días el régimen no los puede tener incomunicados, aislados y escondidos. Definitivamente tiene que ponerlos en libertad o abrirles el proceso”, coincidió Núñez.

Redacción / IP Nicaragua 

El próximo 29 de agosto, la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios cumpliría 90 días detenida, pero antes de que se venciera el plazo el Ministerio Público amplió la acusación en su contra con los delitos de apropiación y retención indebida y el peligro es que pueden enfrentarse a pruebas «inventadas y fabricadas», advierten defensores de derechos humanos.

Chamorro Barrios se encuentra bajo arresto domiciliar desde el pasado 2 de junio, acusada por el Ministerio Público por los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica”, ambos conexos con el delito de lavado de dinero, bienes y activos.

El abogado Maynor Curtis, explicó a IP Nicaragua que existían dos posibilidades en el caso de la precandidata presidencial.

“En teoría lo que cabe según el artículo 253 de la misma ley, es que el Ministerio Público presente la acusación o que presente una solicitud para que sean puesto en libertad alegando que la investigación no aportó elementos suficientes para sustentar una acusación”, explicó Curtis.

La solicitud de detención en contra de Chamorro fue a pedido del Ministerio Público a través de un escrito presentado en los juzgados capitalinos, en el que también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial”, se le realizaría la respectiva audiencia.

Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) serán los primeros dos presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva. Ambos fueron detenidos por la Policía el 28 de mayo y luego la Fiscalía dictó prisión preventiva aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero en la extinta fundación, donde laboraban en las áreas financieras y administrativas, respetivamente.

Ambos extrabajadores también fueron acusados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.

““¡Rechazo con firmeza esta acusación absurda y falsa! No podrán borrar el legado de Fundación Violeta por las libertades públicas”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista Lourdes Arróliga al conocer de la acusación que también presentó en su contra el Ministerio Público.

Debían ponerlos en libertad

Por su parte la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, opinó que desde el punto de vista de derechos humanos, el gobierno de Ortega debió poner a Chamorro y los demás opositores encarcelados en libertad inmediatamente al cumplir los 90 días, porque han permanecido ilegalmente detenidos.

“Si se cumplen los 90 días el régimen no los puede tener incomunicados, aislados y escondidos. Definitivamente tiene que ponerlos en libertad o abrirles el proceso”, coincidió Núñez.

“No sabemos cuál es el expediente formal que hay por ejemplo en contra de Cristiana. Cuando alguien cumpla los 90 días, que según el mismo artículo reformado del Código Procesal, debe empezársele a hacer la audiencia preliminar, empezar el juicio”, añadió la defensora, lo que a su criterio “va a ser peor la situación”, ya que “no se sabe que es lo que han hecho e investigado en estos 90 días”.

La presidenta del Cenidh, señala que los privados de libertad por razones políticas pueden enfrentarse a “pruebas inventadas y fabricadas” porque “no ha habido participación de sus defensores, no han visto expedientes ni siquiera ningún anuncio en el registro judicial”.

“La consumación de la persecución”

Núñez agrega que la puesta en libertad de Chamorro y los demás opositores detenidos “es lo menos probable” que puede ocurrir, no obstante, indica que de iniciarles un juicio, “la audiencia preliminar debe hacerse con sus abogados que en su mayoría ya están acreditados y registrado, y ya tienen  que llevarlos al juzgado y ahí lo pueden ver los parientes antes de la audiencia”, agregó.

Aunque reconoce que “eso no es bueno, es prácticamente la consumación de la persecución”.

La orden de captura en contra de Chamorro Barrios ocurrió un día después de haber formalizado su intención de inscribirse en el proceso de selección de candidatos a presidentes del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), organización política recientemente eliminada por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Cristiana Chamorro fue inhibida a participar en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, por medio de un comunicado del Ministerio Público que alega que no está “en pleno goce de sus derechos civiles y políticos” por encontrarse en un proceso de supuesto lavado de dinero, cuando se encontraba en pleno ascenso de popularidad para competir contra Ortega en dichos comicios.

Los aspirantes a la Presidencia detenidos Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga están prontos a cumplir los 90 días de prisión preventiva.

 

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