Redacción/IP Nicaragua
La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega encabeza la lista de los ocho personas que fueron sancionadas por el Consejo de la Unión Europea. La lista incluye a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos y Bayardo Arce, asesor económico de Daniel Ortega.
La fiscal general de la República Ana Julia Guido, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; comisionado general Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León y Juan Valle Valle, jefe de tránsito de Managua.
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De acuerdo con el comunicado del Consejo Europeo los designados con las sanciones son «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua», país que vive una crisis sociopolítica desde 2018.
Con la nueva lista de medidas restrictivas dada a conocer este 2 de agosto suman 14 el número de sancionados en Nicaragua por la Unión Europea, y por primera vez se incluye a la presidenta de la CSJ y al asesor económico de Ortega.
«Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses», afirman en el comunicado.
¿Por qué fueron sancionados?
En el caso de Rosario Murillo, que comparte con Daniel Ortega el poder a partes iguales tuvo un papel «instrumental en alentar y justificar la represión» ejercida por la Policía Nacional de Nicaragua contra las manifestaciones de la oposición en 2018. En junio de 2021 amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a periodistas independientes por lo cual es responsable de las graves violaciones.
Por su parte, Gustavo Porras, quien es también miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, promovió la adopción de varios «actos jurídicos represivos», entre ellos la Ley de Amnistía que impide cualquier investigación sobre los «responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en 2018, y de
leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua».
La fiscal general Ana Julia Guido es considera una funcionara «fiel al régimen de Ortega» y a ella se le acusa de ser «responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política»
A Guido se le acusar de crear una unidad especializada que» inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos». Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales
A la magistrada presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos es responsable de «instrumentalizar el poder judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición».
Situación se deteriora en el país
De acuerdo con la percepción del Consejo de la Unión Europea la situación política en Nicaragua se ha «deteriorado aún más en los últimos meses». A partir de junio el régimen ha encarcelado a una treintena de líderes opositores entre ellos siete aspirantes a la presidencia que tenían la intención de participar en los comicios del 7 de noviembre.
«El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense. Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea», señala el comunicado.
Según los miembros de este Consejo, la detención del aspirante presidencial Noel Vidaurre, el séptimo de la lista del régimen, «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones».
«La Unión Europea condena firmemente la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, les insta a que deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses», señalan.
Régimen no cumple
La Unión Europea ha instado reiteradamente al régimen a que cumpla sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos, no obstante es evidente que la represión incrementa y particularmente en este contexto electoral.
«La Unión Europea también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua. Las medidas adicionales de hoy demuestran que la Unión Europea sigue estando resuelta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua», puntualizan.
El 12 de octubre de 2020, el Consejo de la Unión Europea renovó las sanciones impuestas en 2019 en contra Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; Néstor Moncada Lau, asesor de Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la institución.
Foto principal: Tomada de El 19 Digital
