Alma Vidaurre y Manuel Bejarano / IP Nicaragua
La Unión Europea (UE) emitió sanciones para seis funcionarios del Gobierno dirigido por Daniel Ortega, tras constatar que “no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos en Nicaragua” posteriormente al estallido social de abril de 2018.
Entre los funcionarios sancionados figuran los comisionados Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; el general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales.Además se incluye a Sonia Castro; asesora presidencial y exministra de Salud; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Europa anuncia sanciones para Ramón Avellán, Sonia Castro, Francisco Díaz, Nestor Moncada Lau, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. La condena mundial a violadores de derechos humanos continúa. https://t.co/iI0FLbpm8l
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) May 4, 2020
Las sanciones contemplan “la prohibición de viajar y la congelación de activos”, según estableció la Unión Europea.
“La represión ejercida por las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica ha continuado”, afirmó Josep Borrell, alto representante de la UE.
En su declaración, el alto representante de la UE señala que las medidas restrictivas son “coherentes” con la posición establecida por esta comunidad que está dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una “solución democrática pacífica y negociada” a la crisis política en Nicaragua.
La decisión de dictar las sanciones coinciden con el marco jurídico de medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre de 2019.
El grupo de la comunidad europea advirtió que “estas medidas están dirigidas a personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”.
ACUMULAN SANCIONES
Algunos de los funcionarios ya acumulan sanciones que fueron impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El 21 de junio las medidas impuestas alcanzaron a Sonia Castro, quien fungía como Ministra de Salud, siendo removida poco tiempo después de su cargo.
El 7 de noviembre de 2019, el Gobierno de Estados Unidos anunció también sanciones contra Avellán considerado el brazo represor durante las protestas antigubernamentales.
Posteriormente, el 27 de noviembre se conoció la decisión de Estados Unidos de incluir entre los sancionados a Moncada Lau por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Los funcionarios policiales también fueron incluidos en una de las primeras listas de sanciones dictadas por Estados Unidos. Los tres jefes de la sancionada Policía Nacional fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
ORTEGA PIDE SUSPENSIÓN DE SANCIONES
Mientras tanto este lunes, el presidente Daniel Ortega aprovechó su participación en una cumbre virtual dedicada a la pandemia del covid-19, realizada por el Movimiento de Países No Alineados, para demandar que se levanten las sanciones impuestas contra algunos de sus funcionarios.
“En lugar de suspenderse las sanciones se recrudecen la sanciones en medio de la pandemia y se alientan acciones, actos que son verdadero terrorismo de estado, los más grandes terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus acciones, lo que llaman sanciones (…) La pandemia más terrible que enfrenta la humanidad es el uso de la fuerza y la guerra que promueven las potencias y en particular los Estados Unidos”, dijo Ortega al dirigirse al grupo del Movimiento de Países No Alineados.
En sus discursos anteriores, en cadena nacional de radio y televisión, Ortega también solicitó el retiro de las sanciones por parte de Estados Unidos y Canadá que afectan directamente de forma personal a sus funcionarios, incluida su esposa Rosario Murillo y a dos de sus hijos.
La UE espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla en su totalidad con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición.
Entre los acuerdos que la UE espera que se cumplan está el reforzar los derechos y las garantías civiles y políticas, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y en seguridad de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos restantes.
Los opositores José Pallais y Juan Sebastián Chamorro, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseveraron a través de un canal de televisión nacional que la UE condena al régimen de Ortega por no dar señales de avances en cuanto a democracia y derechos humanos.
Pallais enfatizó en que es llamativo que la UE haya anunciado esas sanciones en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus y cuando Ortega insiste en que se retiren las sanciones.
Agregó que la resolución de la UE dice que las sanciones podrían ser ampliadas en cuanto a su contenido o al número de funcionarios del Gobierno de Ortega.
Por su parte Chamorro manifestó que la UE aprobó esas sanciones contra esos funcionarios “que han cometido y está demostrado violaciones a los derechos humanos”.
Señaló que la UE espera también que el Gobierno cumpla los compromisos que aceptó en la mesa de diálogo con la Alianza Cívica.
