Redacción/ IP Nicaragua
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a organismos internacionales a “actuar con celeridad” para restaurar las libertades en Nicaragua, donde hay un rápido avance de la escalada represiva y la persecución contra la prensa y líderes opositores.
La asociación demandó a los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa a exigir el inmediato el “cese de la represión, la libertad de periodistas y detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática”.
Además, la SIP pidió a la prensa internacional continuar informando sobre la “crítica situación en el país” para mantener viva la conciencia y lograr acciones más aceleradamente.
En comunicado, la SIP informó que recopilaron “crudos testimonios” sobre la escalada represiva en Nicaragua por parte del Gobierno hacia los líderes de oposición y la prensa independiente. Los testimonios evidencian que la represión se ha intensificado en las últimas semanas.
“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Hasta el lunes 5 de julio, el gobierno de Daniel Ortega encarceló a 26 ciudadanos opositores, entre ellos, seis precandidatos presidenciales, líderes políticos, periodistas, empresarios y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
A todos los detenidos se les ha negado el acceso a visitas de sus familiares y abogados, según denuncias de los mismos familiares y organismos defensores de derechos humanos.
La misión de la SIP “recogió denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas. Presionan también a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse tras recibir intimidaciones o ser citados a dependencias policiales sin orden de la Justicia”.
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También indican que los contactos para recopilar los testimonios y elaborar un informe sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país se realizaron “bajo el compromiso de mantener absoluta reserva”, lo que refleja “el clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias”.
La misión de la SIP entregará el informe al Comité Ejecutivo el 16 de este mes, y prevé asimismo elevar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Exilio forzado
La SIP agregó en su pronunciamiento que recopiló información del exilio forzado de empresarios, políticos y periodistas en el pasado mes de junio, por puntos ciegos para salir hacia Costa Rica.
“El éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática”, señaló la SIP.
La SIP cuenta también con testimonios de “que grupos ilegales (afines al gobierno de Ortega) persiguen inclusive a exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses”.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, alertó que la realización de elecciones generales libres y transparentes el próximo 7 de noviembre, como establece el cronograma, solo será posible si se recupera el pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y las garantías de debido proceso judicial.
Agregó que “es imprescindible que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior”.
La SIP sostuvo que “pedirá que la prensa internacional continúe informando para mantener viva la conciencia sobre la crítica situación en el país”.
