Susana Cunningham, o “mamá Grande”, vio llegar un contigente conformado por al menos ochenta efectivos de la policía que irrumpieron en la casa donde se encontraba en la noche de enero del 2017, mientras participaba en un evento religioso junto a otros comunitarios miskitos.
—¿A quién buscan?, recuerda esta líder miskita que les preguntó a los oficiales de la Policía.
—Venimos a ver qué estás haciendo aquí—, le respondieron.
—¿Quién me acusa?, volvió a preguntar.
—El Estado, contestaron.
Aunque no la detuvieron, la casa ubicada en Managua donde se encontraba fue allanada durante varias horas. «Ese tipo de asedio te paraliza, da taquicardia, el azúcar se altera… y así varias veces me han hecho en diferentes ocasiones y ya llegó al punto en que no pude resistir estar en mi casa, tranquila, porque no le hago daño a nadie».
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Cunningham, de 76 años, atribuye la persecución en su contra a una represalia del gobierno de Daniel Ortega por su activismo a favor de las comunidades indígenas y afrodescendientes que viene realizando desde la década de 1980. Dice que el cerco sobre ella se intensificó durante la crisis política de 2018.
Por eso – explicó a la Voz de América- decidió poner fin a esos momentos angustiosos un 23 de diciembre de 2021 cuando decidió salir de Nicaragua por veredas.
“Fue difícil”, recuerda.
Cunningham, o Mamá Grande, se define como una líder indígena y es originaria de Waspán, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, donde la mayoría de sus habitantes hablan su propio idioma, el miskito.
Mamá Grande, como le suelen decir en su comunidad, cuenta que el camino que recorrió al salir de Nicaragua “era muy distanciado” y se desmayó unas tres veces. “Ya no podía caminar, pero nosotros queríamos entrar en esta tierra para poder atender nuestra salud y, por lo menos, dormir un poco en paz porque en nuestras casas no podíamos tener esa paz y seguridad porque siempre nos asediaban, nos perseguían, siempre había ojos que nos miraban”.
Vivir en el exilio -dice- ha sido muy difícil. Pasa sus días en viviendo en un pequeño cuarto que encontró en un caserío ubicado en La Carpio, un asentamiento situado en San José, Costa Rica, que fue fundado en 1993 en gran mayoría por extranjeros.
Su rostro luce resquebrajado y agotado. Relata que recientemente reacomodaron la habitación para hacer espacio para un nuevo integrante de la familia, que al igual que ella, salió de Nicaragua recientemente huyendo de la crisis política.
Contando a sus hijos y nietos, en total duermen cinco personas junto a ella en la habitación. En la casa hay unas 20 familias más exiliadas que están en condiciones de hacinamiento. Cada una renta un pequeño espacio.
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Según la activista miskita, al menos unas 300 familias más de esta etnia se han desplazado durante los últimos cinco años a Costa Rica al igual que ella.
Pero de acuerdo con un informe emitido por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) son más de 1.000 los indígenas que han sido desplazados forzosamente hacia otras comunidades fronterizas sobre todo con Honduras.
El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentarios de la VOA sobre las denuncias de organizaciones en su contra.
El gobierno de Ortega sostiene en foros internacionales que avanza en la defensa de los pueblos indígenas y la restitución de sus derechos. El pasado 21 de abril, el embajador de Nicaragua en la ONU, Jaime Hermida dijo que en el país «se promueve en todos los ámbitos el orgullo de las raíces étnicas».
El informe de CEJUDHCAN indica además que las autoridades de Nicaragua han ignorado los conflictos armados en las comunidades indígenas que ha dejado al menos 49 indígenas asesinados entre los años 2011 y 2020.
La Oficina de las Naciones Unidas se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la persecución contra las comunidades indígenas que han sido desplazadas debido a la persecución en sus tierras.
En febrero de 2020 un informe de la ONU lamentaba los reiterados ataques contra pueblos indígenas en Nicaragua, así como la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los delitos cometidos contra ellos.
«En la actualidad, el 31 % del territorio nacional alberga pueblos indígenas y afrodescendientes. Aunque el Estado nicaragüense les ha concedido derechos sobre sus tierras ancestrales, siguen enfrentándose a desafíos y presiones debido a las recurrentes invasiones de colonos», dijo el informe.
La ONU alude en su informe a los colonos como grupos armados que buscan obligar a las comunidades indígenas a abandonar sus hogares ancestrales para usar sus tierras y realizar actividades como la tala ilegal y el pastoreo de ganado.
Desde febrero del 2020 la Oficina de la Alta Comisionada ha urgido a las autoridades nicaragüenses a investigar a fondo y de manera independiente e imparcial todos los atropellos reportados contra las comunidades indígenas y a procesar judicialmente a los responsables.
Los datos oficiales contabilizan 23 territorios indígenas y afrodescendientes en el país. Según el VIII Censo de Población realizado en el año 2005, en la nación centroamericana habitan 120.817 miskitos.
Becky McCrea, una abogada que por años ha trabajado como defensora de los territorios indígenas de Nicaragua, atribuye la salida masiva de los miskitos y otras etnias a la invasión de personas no indígenas o colonos que los despojan de sus tierras. Dice que parte es responsabilidad del Estado que no frena la invasión.
Los expertos evalúan el cambio climático entre las razones que provocan el desplazamiento de indígenas. Citan por ejemplo los dos huracanes que golperaron en el 2020 a la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), con una diferencia de 15 días: Eta e Iota.
La abogada McCrea asegura que se agudizó la persecución contra los miskitos después que comenzó la crisis política en 2018.
«Esto marcó un antes y un después», dice.
Y directamente cita la persecución contra los indígenas en Rama Kay, una isla o cayo ubicado en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, donde el gobierno de Ortega habilitó una estación policial.
“Hay una estación de Policía desde 2019 y eso ha sido muy difícil para los lugareños acostumbrarse a ese sistema del Estado porque tradicionalmente las comunidades están acostumbradas a convivir bajo su propio sistema tradicional que consiste en el auto cuido», expone McCrea.
Entre las novedades que ha traído la estación policial está que los pobladores están obligados a solicitar permisos para poder hacer eventos en las iglesias o particulares, como cumpleaños, bodas y otras celebraciones familiares.
«Es algo nuevo para nuestras comunidades”, agrega.
En abril, el embajador de Nicaragua ante la ONU dijo que las tierras de las comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense poseen protección especial, y son «inembargables, imprescriptibles e intransferibles, las cuales equivalen a 38,434.81 km², correspondiente al 30 % del territorio nacional aproximadamente».
Con la esperanza de volver a Nicaragua
Más de un millón de nicaragüenses viven en Costa Rica, de acuerdo a cifras oficiales. Entre 2018 y 2022 se habían acumulado alrededor de 200.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses. Hasta el momento unas 50.000 personas ya tienen agendada una cita y se encuentran a la espera de formalizar la petición.
Sin embargo, la mayoría de los indígenas consultados para este reporte, especialmente la comunidad miskita, tiene la esperanza de regresar a sus tierras una vez que dejen de existir los factores que obligó al desplazamiento.
«No me acostumbro a estar fuera, nuestra comida como miskito es difícil encontrarla en Costa Rica y además es otro país donde tienen su propio idioma», dijo la miskita Sinforosa Devis Labonte, mientras reparte pan. de coco y una bebida típica de su cultura
«Volveremos algún día a Nicaragua», concluye.
Con información de la Voz de América
