La población nicaragüense que vive en Costa Rica tiene como tradición regresar a su país a inicios de diciembre de cada año para compartir con sus familias las festividades de nochebuena, Navidad, despedida de año y el recibimiento del año nuevo.
Según reportes de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, más de 100.000 nicaragüenses viajaron a su país para vacacionar y luego retornar.
Sin embargo, la costumbre cambió a raíz de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica, la cual dejó más de 300 muertos y más de 100.000 exiliados, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno de Costa Rica cumplió con la recomendación, cerrando sus fronteras e imponiendo una cuarentena de obligatorio cumplimiento. Todo esto empujó a los nicaragüenses a cambiar los planes habituales de viajar a su país natal para participar de las actividades de fin de año.
Adriana López, una migrante nicaragüense de 56 años que reside en Costa Rica desde 1996, relata a la Voz de América que antes de la pandemia iba a Nicaragua “dos o tres veces al año» a visitar a sus padres.
«Ya son personas mayores, pero estos dos años no he podido, primero por el gasto y segundo por la crisis económica que tenemos», afirmó.
López, quien labora en San José como asistente del hogar, se refiere al aumento en los costos monetarios que implicaría viajar a su país.
Cita, por ejemplo, el costo de la prueba negativa de COVID-19 que tiene un valor de 100 dólares, el costo del transporte que registró un ligero aumento, entre otros gastos. «Se me hacen como 250 dólares y mi salario apenas es de 400 dólares, entonces no me resulta ir”, asegura López.
Pandemia y desempleo
Como otros países países, el Gobierno de Daniel Ortega exige a sus a sus ciudadanos presentar la prueba negativa de COVID-19 cuando deciden retornar.
La medida ha generado críticas, incluso en julio de 2020 más de 300 nicaragüenses estuvieron varados durante varias semanas en Peñas Blancas, zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, porque no tenían recursos económicos para pagar dicha prueba.
El tema se solucionó por el apoyo del Gobierno costarricense de Carlos Alvarado, que ofreció pruebas gratuitas y los nicas finalmente lograron retornar a su territorio.
En Centroamérica sólo Nicaragua y Honduras piden a sus ciudadanos la prueba negativa de COVID-19. Dicha medida podría cambiar tras ser detectada la nueva variante ómicron, indican los expertos.
Claudia Vargas, coordinadora de la comunidad nicaragüense de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en entrevista con la Voz de América criticó la imposición a casi dos años de pandemia.
“Nicaragua no ha quitado el requisito de la prueba COVID-19 y no acepta todavía que las personas únicamente tengan el esquema de vacunación completo, sino que siempre están pidiendo la prueba COVID-19″, dijo.
Vargas, quien se exilió en Costa Rica en 2018, explica que a sus compatriotas que residen en Costa Rica se les dificulta costear las pruebas que exige el Gobierno de Ortega.
“Los nicaragüenses se han topado en medio de la pandemia con la crisis de desempleo. Estamos hablando que Costa Rica tiene un 19% de desempleo, una de las más altas de los últimos años”, dijo.
Nota de VOA.
