Con banderas rojinegras en manos de estudiantes, un mural con el rostro de Bismarck Martínez y discursos cargados de propaganda política, el régimen Ortega-Murillo inauguró este lunes el confiscado Colegio San José de Jinotepe, en Carazo, rebautizado como Centro Educativo Bismarck Martínez.
Según medios oficialistas, la reapertura representa “un nuevo comienzo lleno de esperanzas para los 600 estudiantes” del centro educativo. En el acto participaron autoridades del Ministerio de Educación, funcionarios locales, docentes y alumnos, quienes presentaron la inauguración como una “victoria” del sandinismo.
La fachada del histórico colegio católico, administrado durante más de 40 años por las hermanas de la Congregación Josefinas, fue transformada para imponer el rostro y el nombre de Bismarck Martínez, un funcionario afín al Frente Sandinista asesinado en 2018, según la versión oficial. El acto incluyó la imposición de símbolos partidarios, entre ellos la bandera rojinegra, que fue cargada por estudiantes durante la ceremonia.
Contexto de la confiscación
La dictadora Rosario Murillo anunció días atrás la confiscación del Colegio San José, acusando a la congregación de haber permitido que el inmueble fuera utilizado durante las protestas de 2018 como centro de “torturas y crímenes de odio”. “Ese colegio ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie”, afirmó, asegurando además que desde ese lugar “los golpistas” secuestraron y asesinaron a Bismarck Martínez.
Murillo justificó el cambio de nombre señalando que, “ya en las manos del Estado nicaragüense”, el inmueble debía rendir homenaje al funcionario sandinista.
Reacciones y condena internacional
La medida ha generado fuertes críticas. La investigadora de temas religiosos, Martha Patricia Molina, señaló que Murillo no solo confiscó la propiedad, sino que también difamó a las religiosas. “Además de CONFISCAR la propiedad de las monjitas, la co dictadora Rosario Murillo les llama asesinas y torturadoras. Sin embargo, todos sabemos que las Hermanas Josefinas, desde que se establecieron en Nicaragua en febrero de 1915, han educado a niños y niñas en valores cristianos y humanistas sustentados en el amor al prójimo y la práctica de la caridad”, expresó.
La organización Rice and Equality, integrada por nicaragüenses en el exilio, también denunció el hecho: “Preocupa que el régimen Ortega-Murillo continúa confiscando centros de estudios en #Nic🇳🇮. Denunciamos ante la comunidad internacional esta práctica que da cuenta de completo autoritarismo y violación de múltiples derechos”.
Por su parte, Estados Unidos condenó la acción a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que calificó la confiscación como “una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”. En un mensaje publicado en X, advirtió que la obsesión con imponer la consigna “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado” solo acelerará “el colapso de su régimen”.
Un patrón represivo
La confiscación del Colegio San José se suma a la larga lista de escuelas, universidades y centros religiosos que el régimen ha arrebatado en los últimos años como parte de una política de control absoluto sobre la sociedad nicaragüense. Organismos de derechos humanos advierten que estas acciones forman parte de una estrategia de represión dirigida a eliminar cualquier espacio independiente, incluso en el ámbito educativo y religioso.
