Redacción / IP Nicaragua
La periodista Patricia Orozco, exdirectora de Onda Local y directora del medio digital Agenda Propia, denunció que se vio obligada a salir del país debido a la «represión, por el acoso, las amenazas y el desprestigio» del que estaba siendo víctima y que además la Intendencia de la Propiedad le expropió la vivienda que le había sido otorgada por el Estado y donde ha vivido junto a su familia por 36 años.
«Soy Patricia Orozco, feminista, periodista y defensora de derechos humanos. Me he visto obligada a salir de Nicaragua, a exiliarme, por la represión, por el acoso, las amenazas y el desprestigio hacia el periodismo independiente por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han hecho creer que es delito informar y ser informado, contrario a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua», denunció la periodista a través de un artículo publicado en el sitio Agenda Propia.
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El régimen de Daniel Ortega expropió de su casa a la comunicadora, un elemento nuevo dentro de la jornada de represión contra la prensa independiente de Nicaragua.
Según Orozco, la Intendencia de la Propiedad la citó en tres ocasiones demandando su presencia en su oficina central o delegaciones departamentales.
«Quiero denunciar que he sido expropiada de la casa de habitación que me fue otorgada por el Estado y donde he vivido junto a mi familia por 36 años. Contraviniendo así el Artículo 44 constitucional, el cual garantiza el derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles», señala la directora de Agenda Propia.
Los argumentos del Estado
De acuerdo con la denuncia de la periodista, la Intendencia de la Propiedad la estaba citando bajo el argumento de que la propiedad es del Estado, pero dejando a un lado las leyes que la respaldan.
La comunicadora afirma que el régimen más bien «instrumentalizan (las leyes) para acosarme y perseguirme por mis ideas y mi labor periodística».
«Bajo presencia policial, obligaron a mi familia a desalojar la casa a altas horas de la noche y la madrugada y a firmar bajo presión un documento de “entrega voluntaria”. Denuncio los métodos fraudulentos y la violación de la norma que el funcionariado de esta entidad usa», denunció Orozco.
Familias sufren arbitrariedades
Orozco señaló que existen en el país «muchas familias» que también están siendo «víctimas de situaciones similares con relación a sus propiedades, por sus opiniones».
«Viven acosos, presiones y amenazas, pero el temor a las represalias les frenan a hacer denuncias públicas y dar a conocer los hechos que violan sus derechos (…) Nicaragua no es una coyuntura ni un tema, lamentablemente es una realidad como la que hoy denuncio. Por eso llamo a la comunidad internacional a actuar en favor de las y los nicaragüenses y sus derechos humanos», manifestó Orozco.
No contentos con que haya tenido que exiliarse y haberla despojado de su propiedad, el régimen sigue «acorralando» a su familia, denunció.
«A mi madre de 87 años con Alzheimer y mi padre diabético de 92 años, les obligaron a recibir una segunda citatoria que me he hecho la Fiscalía General de la República. En la calle donde viven han estacionado una patrulla policial. Responsabilizo al régimen Ortega-Murillo de lo que pueda pasarles», afirmó Orozco.
En junio pasado, Orozco compareció ante el Ministerio Público para declarar en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
«Están haciendo el trabajo como servidores públicos y algo malcriados, porque me golpeó la mesa el fiscal, en el que yo le dije: un momentito, no me golpeé la mesa, porque yo no le he golpeado la mesa a usted. Te quieren enredar, te quieren llevar a decir cosas que uno no ha dicho», dijo en ese momento la periodista que hoy está en el exilio.
