El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) presentó otra denuncia por delitos de lesa humanidad contra Daniel Ortega y Rosario Murillo y al menos siete funcionarios del régimen en Nicaragua.
La denuncia está radicada en el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde el 2 de noviembre.
La denuncia contra Ortega y Murillo se circunscribe en el contexto de las protestas cívicas de 2018.
Esta denuncia incluye al jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán; y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.
También denuncian al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la Unan-Managua, Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.
“Calidh considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma», añade la denuncia.
Piden que Ortega y Murillo declaren
Los hechos ocurrieron en el marco de «ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, se lee en el comunicado publicado por Calidh en sus redes sociales.
COMUNICADO 02/2022 de CALIDH respecto de la presentación efectiva, el día de ayer, de una denuncia por delitos de lesa humanidad ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 de Argentina contra funcionarios del Estado de Nicaragua. pic.twitter.com/b0Te4Y1J9n
— CALIDH (@CALIDH_CALIDH) November 3, 2022
Esta sería la segunda denuncia contra Ortega y Murillo. A inicios de octubre, los abogados Darío Richarte y Diego Pirota presentaron la primera denuncia para que se inicie una investigación penal contra el régimen.
Se solicitó que se cite a una declaración indagatoria los máximos responsables del régimen de “Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares”.
El inicio de la investigación también se basó en el artículo 118 de la Constitución Política argentina. La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país.
Jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad
El organismo argentino constituido con el objetivo de defender los derechos humanos en América Latina, basa la denuncia en el artículo 118 de la Constitución Política argentina, la cual reconoce el principio de jurisdicción universal y de la Ley 26:200 Ley para implementar el Estatuto de Roma.
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“La Ley 26:200 permite la aplicación de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad”, argumentan.
Los denunciantes esperan que el Juez Federal y el Fiscal Nacional a cargo de la causa principal (CFP 2981/2022) “puedan continuar con el proceso hasta la emisión de una sentencia que establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados”,
La idea es que “contribuya junto con otras iniciativas de justicia en curso al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares”.
“Y favorezca que los países democráticos del mundo abran procesos similares contra los responsables de estos delitos”, detallan.
Informes de violación de DD.HH.
Junto con la denuncia, Calidh indicó que elevó ante el Juzgado Federal cuatro informes que presentaron diversos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde muestran su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Adicionalmente le entregaron un resumen de los casos que lleva el organismo ante la CIDH, de las personas víctimas de estos delitos denunciados.
“El Centro está firmemente comprometido con aportar un grano de arena en el proceso de restablecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”, puntualizan.
