Las políticas represivas implementadas por el gobierno autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua han tenido consecuencias devastadoras para los menores de edad refugiados y solicitantes de asilo, quienes se ven impedidos de reencontrarse con su familia, denunció la Coalición Nicaragua Lucha.
Lo anterior tiene mayor impacto en las personas desplazadas forzadas perseguidas, despojadas de su nacionalidad de manera arbitraria y apátridas de Nicaragua.
Según informes de organizaciones de la sociedad civil suministrados a la Coalición #NicaraguaLucha, el régimen Ortega Murillo ha intensificado «hay un número significativo de menores de edad impedidos de beneficiarse de alguna oportunidad migratoria para reunificación familiar, como el Parole Humanitario o Visa Humanitaria».
De acuerdo con la información, los obstáculos que impone el régimen para tramitar los documentos legales necesarios no permite un reencuentro de estas familias.
«Denunciamos que el régimen autoritario de Ortega y Murillo continúa negándose a suministrar documentos de identidad y pasaportes, entre otras acciones como el impedimento de reingreso al país, o la apatridia de facto, tácticas propias del terrorismo de Estado con el cual se vive en Nicaragua», señaló la Coalición Nicaragua Lucha.
Otro grupo de refugiados vulnerables
Entre 2018 y 2023, al menos 440,260 personas habrían solicitado asilo en diferentes partes del mundo, según el más reciente reporte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua
(GHREN), con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La Coalición Nicaragua Lucha, integrada por 23 organizaciones, explicó que personas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, jóvenes adultos de entre 18 y 25 años, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, personas de la comunidad LGBTQI+, personas mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas son otros grupos vulnerables.
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Destacaron que, el cierre de consulados nicaragüenses en países de destino final y de tránsito de estos grupos de nicaragüenses «profundiza la precariedad del cumplimiento de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo».
