Población exige ¡Moratoria Ya!

Nayira Valenzuela / IP Nicaragua

Rosario Gómez está preocupada porque el último recibo de luz que recibió su abuela pensionada le salió de 1,500 córdobas, cuando de costumbre salía de 300. Casos como este se repiten en Nicaragua a montones.

“Antes el recibo no pasaba de los 300 córdobas, al ser pensionada le bajaban un poco al pago de la factura, pero ahora no se baja de 1,500. Yo no vivo con ella, en la casa de mi abuela solo está ella y mi tío, que también está jubilado, pero por discapacidad”, cuenta Gómez

Entre Gómez y su tío reúnen lo que pueden para ajustar y pagar el recibo de los servicios básicos. Asegura que, si el próximo mes continúan las tarifas altas de los servicios básicos, es probable que no puedan pagarlos, porque ella está desempleada y su tío recibe muy poco dinero de su jubilación.

Foto: El Nuevo Diario.

“Yo por lo menos puse 300 córdobas y mi tío 500 córdobas, mi abuela de su jubilación ajustó para pagar solo la cuenta de la luz. En el barrio de mi abuela a casi todos se les triplicaron los costos de la luz y el agua. A cualquiera que le pregunten les dirá que salió elevadísimo”, afirmó.

Desde antes que apareciera por el mundo la pandemia del covid-19, en Nicaragua el costo de la electricidad ya venía subiendo. Pero ahora, a pesar de que ya van dos meses de que el virus llegó al país y está afectando parejo a todos los nicaragüenses, el Gobierno no ha propuesto un plan económico para apoyar a las familias.

Por casos, como el de Rosario, la Unidad Nacional Azul y Blanco, comenzó desde el lunes pasado la campaña ¡Moratoria Ya!, una forma de solicitar que los servicios básicos no se paguen por tres meses o más, y luego pagar en cuotas el monto acumulado, para que la población pueda invertir en alimentos y gastos de medicinas en los momentos más difíciles de la pandemia.

Ante el aumento de las tarifas del agua y luz, esta campaña promueve recolectar 1,500 firmas e insta a publicar en las redes sociales sus recibos de agua y luz con la frase ¡Moratoria Ya! En solo tres días de convocatoria ya casi se llegó a la meta.

“Se me hace injusto que frente a esta crisis tengamos que decidir entre alimentos o servicios, porque hay crisis sanitaria y se está gastando más dinero en medicinas y alimentos”.

“Esta empresa usurera de Disnorte-Dissur nos ha estado robando al cobrar una tasa exagerada y lo mismo la empresa Enacal”. “Nuestro pueblo necesita un alivio, no es justa la carga que tiene que pagar para sobrevivir. Hay mucho desempleo”. Esas son algunas de las quejas que los firmantes han dejado en la plataforma que se ha convertido también en un blog de denuncia ante los altos costos en los recibos de luz y agua.

“Aquí lo que va a pasar sino se toma una medida oficial es que la gente no va a poder pagar la luz y el agua, es mejor que asumamos la realidad y que el Estado decida hacer una moratoria de por lo menos tres meses. Esta campaña va a acompañada con una recolección de firmas vía electrónica que no es para los Ortega Murillo, pero si para mandar un SOS, ese clamor, esa solicitud de apoyo y auxilio, para todos los organismos y a la comunidad internacional”, denunció Violeta Granera, líder opositora y miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco a través de una intervención por Canal 10.

Para el economista Luis Núñez, las altas tarifas de los servicios básicos se debe “a que el Gobierno está buscando recursos de cualquier forma y la empresa de energía es una de ellas, al igual que Enacal”. Núñez agregó que, además de alterar los cobros del servicio de la energía, está el incremento en el precio de la gasolina, aun cuando los precios del petróleo, en general han bajado.

Núñez refirió que la moratoria no resuelve el problema, ya que la empresa está haciendo excesivos cobros. La población se está quejando de incrementos de hasta cinco veces el cobro normal. Por ello recomienda que la propuesta de la Unidad Nacional, “vaya acompañada de la revisión de los cobros excesivos y de una disminución en el precio de la tarifa de energía eléctrica. De lo contrario, solo se pospone el problema. Aquí se tiene que revisar el costo del servicio y poner en cintura a la empresa distribuidora que está haciendo cobros exagerados”, subrayó Núñez.

Las denuncias de la población y el analista coinciden en que el Gobierno de Nicaragua debe proteger a la población y estar a favor del interés común en lugar de estar del lado de la empresa distribuidora.

El panorama que Núñez avizora es que “la economía familiar y de las pequeñas y medianas empresas colapsarían irremediablemente en el mediano plazo. Es decir, no hay forma que un asalariado pague por ejemplo 4,000 córdobas de luz y 3,000 de agua y encima pagar deudas y comprar alimentos. Esto pone en gran riesgo a las empresas pequeñas que tienen que enfrentar altos costos de servicios”, concluyó.

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