Mercedes Talavera inicia su jornada diaria a las 4:30 de la mañana. Sabe que si no se levanta a esa hora no llega a tiempo a la casa donde realiza trabajo doméstico. Antes que el reloj marque las 6:00 de la mañana aborda el bus de transporte colectivo que la lleva al barrio Villa Reconciliación, ubicado en el distrito VI de Managua.
«Me levanto a esa hora para llegar temprano, porque las rutas que me llevan a esa zona de Managua si las abordo después de las seis de la mañana pasan llenas y a veces cuesta subirse al bus», dice Mercedes a IP Nicaragua.
Mercedes tiene tres años laborando como doméstica en casa de una familia integrada por cuatro personas. Su labores comienzan a las 6:45 de la mañana y termina a las 3:00 de la tarde. Es decir, es una jornada de ocho horas de lunes a viernes.
A veces las labores se extienden hasta más tarde, por alguna circunstancia que le pida su jefa. Aunque tiene libre los sábados y domingos se enfrenta a las desigualdades que muchas domésticas en el país: no tiene un seguro social.
«Llevo tres años trabajando aquí en esta casa y nunca me han ofrecido firmar un contrato, tampoco tengo seguro social y cada vez que me enfermo soy yo la que busca atención. Creo que tener un seguro me ayudaría con mis medicinas, mi atención de la salud», señala esta mujer de 50 años.
Desigualdades en el trabajo doméstico
El estudio «Acceso de las personas trabajadoras domésticas remuneradas a las seguridad social en Iberoamérica», muestra que en la región persisten las desigualdades en la legislación laboral de la regulación en este tipo de trabajos, incluyendo Nicaragua.
En Nicaragua,según el estudio elaborado conjuntamente por la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no existe «obligatoriedad de contrato escrito», es decir puede realizarse verbalmente en el caso del trabajo
doméstico.
La jornada laboral tampoco está «definida», en el país centroamericano únicamente se «estipula un descanso mínimo de 12 horas» para las trabajadoras domésticas.
«Nicaragua enfrenta un reto para garantizar el acceso a la seguridad social en el empleo doméstico», señalan en el documento.
Según el artículo 145 del Código de Trabajo se les llama trabajadores del servicio doméstico a las personas que prestan «servicios propios del hogar a una persona o familia en su casa de habitación y en forma habitual o continua, sin que
del servicio prestado se derive directamente lucro o negocio para el empleador».
Trabajo doméstico en números
El estudio revela que hasta 2014, había 118,707 personas realizando trabajo domésticos en Nicaragua, 83.9% mujeres y 16.1% eran hombres. Las mujeres trabajadoras domésticas en relación al total de mujeres ocupadas en el país representaban el 9.8%, mientras que el 95.9% eran personas trabajadoras domésticas en la informalidad.
De diciembre de 2011 a mayo de 2018, el número de trabajadoras domésticas aseguradas pasó de 4,666 a 27,221, señala el estudio.
Carmen Ulloa, originaria del municipio La Concepción, Masaya, tiene 9 años trabajando como doméstica en un residencial ubicado en la zona de carretera a Masaya y afirma que se siente dichosa porque forma parte de ese reducido de personas que tienen un contrato, que incluye vacaciones, días libres, feriados y hasta seguro social.
«Yo puede decir que me ha ido bien con este matrimonio que garantiza mi pago. También me dan aguinaldo y eso del seguro me ayuda a la atención de mi salud y pensar en mi vejez», señala Ulloa, de 42 años.
El estudio destaca el mayor costo de la seguridad social para las personas que no alcanzan a percibir el salario mínimo. «Esto supone un mayor costo de cotización, pues deben pagar un mayor porcentaje».
Establecer políticas activas
Nicaragua es suscriptora del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, por lo que el estudio precisa que es necesario que el país avance en la revisión de una «normativa laboral» para este sector.
«En esta línea cabe mencionar la no obligatoriedad del contrato por escrito, la existencia de pago en especie y la falta de establecimiento de la jornada laboral para quienes trabajan cama adentro», se refiere en el documento.
Agregan que se necesita «políticas activas» que analicen la realidad actual y que se generen espacios de asociación con el sector sindical y la sociedad civil para la definición de estrategias de abordaje.
Situación en los otros países
El estudio destaca que en nueve países (El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Venezuela, República Dominicana, México, Guatemala, y Bolivia), se supera el 90% de informalidad.
De los 22 países analizados, 7 establecen la obligatoriedad del contrato escrito. En 9 países no observan esta garantía de ningún modo: Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
En 8 de las 22 legislaciones estudiadas no se identifican disposiciones específicas para la inspección de trabajo en relación al trabajo doméstico, ni campañas para promover el cumplimiento de las obligaciones legales. Se trata de Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Portugal.
«El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones más afectadas por la informalidad», puntualiza el documento.
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana no regulan la jornada de las personas trabajadoras domésticas en general ni para la modalidad con retiro ni para quienes residen en el domicilio de la persona empleadora.
