Tomado de La Voz de América
WASHINGTON DC – Más de 300.000 inmigrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) siguen en vilo ante la falta de una solución definitiva a su estadía legal en Estados Unidos, el que fue cancelado a seis países en 2018, bajo la Administración del expresidente Donald Trump.
Cuando faltan escasos días para que la Administración del presidente Joe Biden cumpla sus primeros 100 días de gestión, estos inmigrantes agrupados en la Alianza Nacional del TPS, se muestran descontentos por lo que califican como una falta de respuesta de parte de la Casa Blanca.
Muchos de ellos, originarios de los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudan, argumentan que durante la campaña electoral confiaron en la promesa del actual gobierno de ofrecer una solución rápida para miles de personas, muchos de los cuales han residido por más de dos décadas con permiso temporal en Estados Unidos.
De manera simbólica la Alianza Nacional ha realizado una protesta -desde mediados de marzo y que concluirá el 30 de abril-, la cual incluye una huelga de hambre alterna de parte de sus miembros que llegan a Washington DC para instalarse de forma continua en el Freedom Plaza, en el centro de la capital nacional y a escasas tres cuadras de la Casa Blanca y dos millas del Capitolio.
No ven interés en demócratas
El coordinador de la Alianza Nacional del TPS en Washington, Mardoel Hernández, explicó a la Voz de América que la incertidumbre sobre la situación sigue haciendo mella en estos trabajadores porque cada día se alarga la espera para ver una solución a su problemática.
También porque este colectivo organizado en alrededor de 70 comités a nivel nacional en 35 estados de la Unión Americana puso todas las expectativas en el cambio de gobierno.
Los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras del legislativo federal en Washington, aunque limitada al desempate en el Senado con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.
Sin embargo, reclaman que no han visto en el liderazgo de la Cámara Alta a cargo del senador Chuck Schumer movimientos para subir al pleno y discutir su situación.
Tampoco -dicen- para conseguir votos republicanos para alguno de los borradores de ley que están en esa instancia legislativa, luego que la Cámara de Baja diera un primer paso.
100 días de Biden y no hay respuesta
A mediados de marzo, la Casa de Representantes aprobó por 228 votos a favor y 197 en contra la propuesta H.R 6 ‘Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021’, donde nueve republicanos dieron su voto favorable a esta iniciativa de ley.
Esta ley abre una vía a la residencia permanente con camino a la ciudadanía a más de 700.000 jóvenes amparados bajo el Programa de Acción Diferida, conocido como DACA, y a los más de 300.000 beneficiarios del TPS, pero la misma no ha sido agendada en el Senado.
“Estamos para llegar a los primeros 100 días de esta administración que prometió durante su campaña restablecer el TPS y también empujar una legislación para que se nos de una residencia permanente, cosa que no hemos visto, no hay ese interés», explica Mardoel Hernández, al ofrecer avances sobre una actividad de mayor calado con la cerrarán las jornadas de huelga de hambre el 30 de abril.
Hernández agrega que «aún más terrible podía llamársele a lo que se está jugando en la Corte Suprema de Justicia con una audiencia que hubo esta semana, no vemos determinación de la Administración Biden”.
Querellas y acciones judiciales mantienen activo el TPS
La situación legal de los trabajadores amparados al TPS, a los que les fue cancelado el beneficio migratorio entre finales de 2017 y principios de 2018, paulatinamente al vencimiento de su último período de reinscripción por país cuando ya había tomado posesión la Administración de Donald Trump, ha pasado por un enredado sistema judicial que ha obligado al gobierno a revalidar el estatus como parte de las medidas cautelares mientras sigue en pie la querella.
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Por ahora, uno de los frentes donde la Alianza Nacional del TPS tiene concentrada su atención es la demanda en curso en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, donde los demandantes –luego de un varapalo judicial el año pasado- cuando dos jueces de apelación en primera instancia, dieron la razón en cuanto la cancelación del TPS a la administración, y uno votó en contra; esto permitió pedir una revisión de la sentencia por la corte plena.
El caso Ramos Vs. Nielsen, es una demanda colectiva que incluye a jóvenes nacidos en Estados Unidos e hijos de inmigrantes con TPS, que acusaron a la anterior administración y a la titular en ese momento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen y al expresidente Donald Trump, de actuar bajo perfil racista en la cancelación del beneficio migratorio.
Esta semana se cumplieron 60 días del tiempo solicitado por los representantes del Gobierno a la Corte Plena en California para revisar la situación de los países y tomar una decisión procedimental que ayude a resolver el caso.
Mardoel Hernández explica que junto a los equipos de asistencia legal de la Alianza Nacional del TPS, miran con preocupación la dilatación, pues al cumplirse los primeros 60 días, la administración ha pedido otra prórroga más de igual tiempo, mientras culminan la revisión sobre la situación de los países.
Incertidumbre al máximo
“Nos estamos pronunciando contra eso; han pedido otros 60 días para seguir analizando y llegar a una decisión, aparentemente quieren tomarla a partir de cada uno de los países en qué situación se encuentran, si se están recuperando de las condiciones de cuando se les dio el TPS», explica Hernández, desde Freedom Plaza en Washington.
Hernández agrega: «Pero nosotros sostenemos que esto no ayuda a la comunidad tepesiana, solo contribuye a la incertidumbre de nuestra gente al no saber qué es lo que va pasar”.
También mientras sigue esta querella, otras cortes federales en Nueva York, Massachussets y Maryland, tienen abiertos casos sobre la cancelación del TPS, algunas interpuestas por individuos y otras apoyadas por organizaciones pro inmigrantes.
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No obstante, para activistas como Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos, CARECEN, en Washington, la demanda en la Corte de Apelaciones en Pasadena California, sigue siendo el pivote sobre el que giran las otras querellas, que hasta la fecha no han experimentado mayores movimientos.
Sin embargo, en las consideraciones para las prórrogas automáticas del TPS autorizadas por el DHS para los seis países a los que se les canceló el beneficio migratorio: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudan, la agencia federal ha consignado a lo menos los procesos en las cortes de Nueva York y del Noveno Circuito en California para emitir los memorandos que mantienen vigente el estatus temporal para estos miles de trabajadores migrantes.
