Redacción/ IP Nicaragua
Los periodistas María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, tras salir de la Fiscalía a donde habían sido citados, dijeron que se apegaron al sagrado derecho constitucional de no declarar, tal como lo establece el artículo 34 de la Constitución de la República, en el caso por lavado de dinero en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamoro.
«Lo primero que nos dijeron era que seríamos entrevistados en calidad de testigos, por lo cual nosotros insistimos que debíamos estar acompañados de nuestros abogados, a lo cual ellos se negaron y dijeron que de ser así, dejaríamos de estar en calidad de testigos y pasaríamos a ser investigados o imputados», expresó María Lilly Delgado, periodista free lancer de Univisión.
La periodista Delgado agregó: «Vengo protegida de la coraza de la verdad, no sé que lavado de dinero hablan».
A la pregunta de cuál es su relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la cual el Ministerio de Gobernación la ha señalado de lavado de dinero, Delgado respondió que como periodista ha venido trabajando en la profesionalización de los medios de comunicación en Nicaragua.
«No es un delito que los periodistas nos profesionalicemos y modernicemos, sobre todo en una era digital tan cambiante», comentó Delgado.
Además la periodista indicó que esto es claramente un plan del régimen de Ortega por silenciar a la prensa independiente.
«Nosotros creemos que esto está dentro de un plan para silenciar e intimidar todo tipo de voz que denuncie la crisis sistemática de violaciones a los derechos humanos que vive Nicaragua, que no la decimos solo los periodistas, sino los organismos internacionales en la OEA y Naciones Unidas, no decimos noticias falsas, los ciudadanos lo viven también, esto no es noticia falsa»,, manifestó Delgado.
Además de este primer grupo de periodistas, también fueron citados por el régimen de Ortega para hoy martes otros hombres y mujeres de prensa como el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, propietario de Radio Corporación, Verónica Chávez, ex propietaria del canal 100% Noticias, entre otros.
La notificación del Ministerio Público solicita la comparecencia de los periodistas para responder a una «entrevista» en la investigación que el régimen abrió la semana pasada en contra de la periodista Cristiana Chamorro, a quien señalan de cometer delito de lavado de dinero con la Fundación Violeta Barrios, de la que Chamorro fungió como directora.
En este caso también están siendo investigados Marcos Fletes Casco y Walter Gómez Silva, ambos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que cerró operaciones el pasado 5 de febrero.
«Dentro del plan para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua, fui citada esta tarde, unas horas antes a una diligencia mañana a las 8 a.m. Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto lavado de dinero que siguen contra Cristiana Chamorro», publicó este lunes la periodista Delgado en su cuenta de twitter.
La citatoria hace la salvedad que, en caso que no puedan presentarse, deben facilitar un número de teléfono donde puedan ser “ubicados” posteriormente.
La periodista Arróliga, quien trabajó como especialista en medios de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también recibió citatoria del Ministerio Público.
Todo es parte de una “farsa”
La semana pasada el Ministerio de Gobernación ordenó una investigación por lavado de dinero en contra de la periodista y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro.
Inicialmente, Chamorro acudió a una citatoria girada por Gobernación, donde se le dijo que debía entregar información en menos de 24 horas sobre los Estados Financieros período 2015 – 2019 a lo cual respondió que debían darle una prórroga para poner en orden los datos.
Un día después fue citada por el Ministerio Público donde afirmó que “todo es una farsa”.
Según la nota de Gobernación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que dirigía la periodista y aspirante presidencial, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019″, en los que supuestamente se obtuvieron «claros indicios de lavado de dinero».
