El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, habló la tarde de este jueves diciendo que Colombia debe aceptar el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los derechos de Nicaragua en el mar Caribe.
En el acto, estuvo presente la vicepresidenta Rosario Murillo, del canciller Denis Moncada, del presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, del jefe del Ejército, Julio César Avilés, y del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
«La reacción hoy del presidente de Colombia no fue decir de vamos a acatar (la sentencia de la CIJ), lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua, y apostando a que ellos no se mueven de sus posiciones» en el mar Caribe, señaló Ortega en un mensaje ofrecido en cadena de radio y televisión.
Ortega dijo que exige a Colombia a aceptar el fallo, sentencia que calificó como clara y contundente.
El presidente de Nicaragua recalcó que Colombia tienen sus bases en el narcotráfico y que los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) protegen al país andino porque son los grandes consumidores de la droga, y que incluso lo incorporarán a la OTAN.
El fallo de este jueves tiene sus orígenes en una sentencia de la CIJ emitida el 19 de noviembre de 2012, por la que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75, 000 kilómetros cuadrados de mar.
Nicaragua denunció entonces ante la CIJ, con sede en La Haya, que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y el Gobierno colombiano expidió el decreto que estableció una «zona contigua integral».
En noviembre de 2012 la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El fallo dejó en la práctica a cayos de soberanía colombiana rodeados por aguas nicaragüenses, y por ello el gobierno colombiano anunció que la decisión sería acatada pero no implementada.
Seguidamente, Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que reconoce precisamente la jurisdicción de la Corte en La Haya para esta tipo de disputas.
En ese escenario, los dos países se acusan mutuamente de no respetar los compromisos asumidos por el fallo de 2012.
Nicaragua presentó en 2013 una nueva demanda para exigir que la CIJ presione a Colombia a abstenerse de utilizar la fuerza o las amenazas, no violar los espacios marítimos ni atropellar los derechos nicaragüenses a la luz del derecho consuetudinario.
En la fase de reconvención y argumentaciones orales en la Haya, Colombia presentó a su vez contrademandas, para pedir que la CIJ determine que Nicaragua violó los derechos de población autóctona del archipiélago de San Andrés, la comunidad raizal.
Además, Colombia alegó que Nicaragua emitió un decreto sobre límites de espacios marítimos que exceden lo permitido por el derecho internacional y que afectan la pesca artesanal y de subsistencia en los archipiélagos afectados.
