Redacción/ IP Nicaragua
Un nuevo informe de violaciones a la libertad de prensa revela que el gobernante Daniel Ortega busca instaurar un «apagón informativo en Nicaragua». Solo en junio se registraron 44 situaciones en las que se contabilizan 41 víctimas, según el más reciente informe emitido por el diario La Prensa.
«En Nicaragua las amenazas, las agresiones e intento de silenciar el periodismo independiente, no son recientes, datan desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007. Sin embargo en el bimestre mayo-junio de 2021 han aumentado a gran escala y con altos niveles de violencia y hostilidad estatal», alertan.
En este periodo se registraron 18 procesos civiles y penales, 17 agresiones y ataques, 7 abusos de poder estatal, una detención arbitraria y un ataque de discurso estigmatizante, revela el documento.
El informe detalla que 39 de los casos de agresiones registrados fueron perpetrados por agentes estatales, en dos de los casos los agresores no fueron identificados, en otros dos de los casos los victimarios fueron identificados como personas estatales y en uno de los casos el agresor fue señalado como un agente no estatal.
Managua registra más violaciones
El departamento donde se concentraron la mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de prensa, según el informe, fue en Managua donde se reportaron 35 de los 44 casos; seguido de la Región Autónoma de Caribe Sur donde se informó de cuatro casos y en tercer lugar se ubica la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte con dos casos.
Durante el mes de mayo, La Prensa documentó 31 casos de violaciones a la libertad de prensa, que según lo indicadores del informe anterior se desagregan de la siguiente manera: 15 proceso civiles y penales, siete abusos de poder estatal, cinco agresiones y ataques, tres detenciones arbitrarias y un caso de restricción de acceso a la información.
La principal amenaza a la libertad de prensa
La Prensa en su informe advierte que la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos, misma que fue aprobada durante el 2020 «es la principal arma jurídica con la que el gobierno busca intimidar a directores de medios, directores de programas y reporteros de todo el país», así se ha evidenciado en los «incriminatorios interrogatorios» implementados por la Fiscalía General de la República desde el pasado mes de mayo de 2021.
Por otro lado, «como una medida coercitiva» en contra de la prensa independiente la Fiscalía del país mantiene abierta la investigación en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos y en ese contexto durante el mes de junio continuó el desfile de periodistas citados como testigos, agregan.
Asimismo, denuncian que «los periodistas (citados) han declarado que durante los interrogatorios han cuestionado sobre la procedencia de los fondos utilizados a proceder su labor informativa, sus fuentes y el tipo de publicaciones que comparten en sus respectivos medios. Además según sus declaraciones ha hecho especial mención de la Ley 1042 y los cargos con los que se les podría acusar al incumplirla», en clara advertencia con la intención de callar al periodismo independiente y critico del país.
