Desde hace cinco años, las organizaciones feministas en Nicaragua se enfrentan a diversos bloqueos para ejercer su trabajo. La situación, sin embargo, se ha vuelto más «precaria» en los últimos dos años, para el movimiento de mujeres, debido a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, coinciden activistas feministas y defensoras de derechos humanos.
«La situación de las organizaciones de mujeres y feministas del país es precaria, como la situación de todas las organizaciones de toda la sociedad civil, en el país, sean periodistas, organizaciones de mujeres, universidades, es decir, no hay posibilidades de existir con pensamientos críticos bajo la bota de Ortega y de Murillo», expresó la activista y excarcelada política Tamara Dávila, durante su participación en un panel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Hasta a finales de 2022, el régimen había cerrado al menos 3,106 oenegés, casi la mitad de las 7,222 que estaban registradas en abril de 2018, de acuerdo con «Expediente ONG», un conjunto de tres informes presentado en Costa Rica por una agrupación de organizaciones nicaragüenses despojadas de su personería jurídica.
Entre estas más de 3 mil oenegés eliminadas, al menos 200 eran organizaciones de mujeres, indicó Dávila, en su intervención, este martes, al iniciar la Reunión Semestral de la SIP.
Organizaciones feministas hacen trabajo humanitario
A la fecha, suman al menos 3,372 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
«Organizaciones que hacían trabajo humanitario, que no necesariamente hacían trabajo político, organizaciones de mujeres que albergaban a mujeres víctimas de violencia, un trabajo que debería estar haciendo el Estado, organizaciones de mujeres que daban atención psicológicas a niños y niñas huérfanos producto de los femicidios en el país», expuso Dávila.
Entre las organizaciones de mujeres eliminadas está el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y otros que trabajaban con las zonas más vulnerables del país.
Mujeres y niñas en la indefensión
Para otra feminista y defensora de derechos humanos que habló con IP Nicaragua bajo la condición de anonimato es realmente preocupante «pensar que en estos años y los que vienen la atención a las problemáticas de las mujeres va a ser realmente nula».
«Mucho de lo que se hacía para favorecer los derechos de las mujeres lo hacían organizaciones de mujeres que atendía en cada comunidad las denuncias de violencia y violencia sexual contra las mujeres y niñas, atención psicológica, jurídica, que acompañaban a mujeres, que documentaban, que sensibilizaban y hacían campaña para disminuir la violencia en las comunidades ahora están cerradas», dijo la defensora.
«En Nicaragua ahora el movimiento de mujeres realmente no existe, el movimiento fuerte que había antes que fue la responsable que tuviéramos Comisarías de la Mujer, que empujó la Ley 779 (Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres), que ha empujado la visibilidad de la problemática de las mujeres, ese movimiento ha sido degradado producto de la represión», insistió la fuente anónima.
Para Dávila «definitivamente la situación de las mujeres, la situación de las organizaciones de mujeres feministas es tan precaria como está la sociedad civil en general, porque Ortega sabe que en una sociedad civil fuerte y organizada con pensamiento crítico, pues es uno de sus principales temores, por eso la bota represiva a los niveles que ha tenido».
La feminista que habló bajo anonimato advierte que «las mujeres y niñas han quedado en total indefensión frente a la problemática de violencia».
Trabajo de las organizaciones ahora es limitado
El régimen «ha quitado al movimiento de mujeres los recursos, las personerías jurídicas , los han dejado imposibilitados de poder seguir trabajando, ni siquiera en la clandestinidad porque el asunto es que la cooperación necesita normalidades para poder apoyar, y eso no existe en este país, ya no existe personería jurídica, no existen cuentas de las organizaciones para recibir apoyo y poder desarrollar acciones de prevención y atención de la violencia, eso ya no existe», lamentó la fuente que habló en anonimato.
«Entonces lo poco que se haga, como lo que hace Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), como organizaciones que eran comunitarias y forman parte de la Red de Mujeres contra la Violencia es desde la precariedad total», señaló la fuente.
Asimismo indicó que actualmente «no hay posibilidades de acompañar a una víctima de violencia en este país, antes se movilizaba cualquier organización para exigir justicia, para que no quedaran impunes los femicidios», pero ahora, «veamos cuantos femicidios han quedado impunes, cuántos femicidas han sido liberados por este Gobierno, salen y regresan solo a matar, a violar a las víctimas que sobrevieron», agregó la feminista.
Femicidios imparables
En lo que va del año, ya suman 30 los femicidios en el país. «En enero ocurrieron ocho femicidios, en febrero seis, marzo doce y ya en abril van cuatro con esta joven», detalló una fuente de CDD a IP Nicaragua.
«Si no es que un observatorio como el de Católicas por el Decidir hace ese monitoreo, de ir recopilando información, no nos enteraríamos de que está pasando con la violencia hacia las mujeres en este país», señaló la feminista.
«Realmente es una situación complicada para los derechos de las mujeres y hay una plaga práctica de violencia estatal. Aquí no hay una sola institución a la que se pueda recurrir y que se tenga certeza que van a ayudar a atender el caso, no hay, no existe garantías de derechos humanos, en este estado en el que estamos, y no hay organizaciones que puedan hacer un trabajo de demanda en este momento por el movimiento está bastante golpeado», reiteró la feminista.
