Redacción/ IP Nicaragua
Las fuerzas opositoras del país suscribieron un pronunciamiento en el que rechazan la propuesta de reforma electoral del Gobierno y exigen se garantice un proceso libre y transparente que garantice el voto popular.
“Ante este nuevo intento de seguir impidiendo que los nicaragüenses ejerzamos libremente nuestro derecho a elegir mediante el voto, las organizaciones firmantes unimos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral”, dice el documento presentado este jueves.
El “Pronunciamiento conjunto exigiendo una reforma electoral para elecciones libres y justas”, fue firmado por al menos 54 organizaciones civiles dentro y fuera del país, entre ellas organizaciones juveniles, partidos políticos nacionales, y cámaras empresariales.
“Un proceso electoral libre, justo y transparente que garantice el voto popular supone la elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral, capaz de devolver la credibilidad y transparencia al sistema electoral”, refiere el documento firmado en el que todas las fuerzas opositoras, por primera vez, se ponen de acuerdo.
El Gobierno de Daniel Ortega presentó el pasado 12 de abril en la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma electoral de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre que no cumplen con las demandas de la oposición en el país y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nicaragua se encuentra sumergida en una profunda crisis sociopolítica desde 2018 que dejó 325 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y unos 100 mil exiliados.
En los últimos meses, los nicaragüenses se enfrentan a una “escalada represiva del régimen”, por lo que es necesario la implementación de una reforma electoral para superar pacíficamente la “profunda crisis nacional”.
La reforma, sugieren las organizaciones opositoras, debe incorporar las “transformaciones legales e institucionales necesarias”, como primer paso para tener los comicios que los nicaragüenses demandan, para reconstruir el “sistema democrático e instaurar un Estado de Derecho”.
“Las organizaciones firmantes hemos demandado sistemáticamente al régimen de Daniel Ortega la aplicación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, en concordancia con el acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito por el gobierno de Nicaragua el 29 de marzo de 2019 por el gobierno y la inmediata liberación de todos los presos políticos”, señala el documento.
Propuesta no responde a la demanda de la mayoría
La tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral, no contribuyen a la demanda de la mayoría de los nicaragüenses, pues el Frente Sandinista se asegura de mantener el control de las estructuras del sistema electoral.
“Instamos a los diputados de la Asamblea Nacional que asuman con sentido de nación su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales idóneos y probos, que respeten la voluntad ciudadana y contribuyan dignamente a una salida cívica y pacífica a la crisis nacional”, dice el pronunciamiento.
La bancada sandinista, encargada de promover la reforma en el Parlamento, incorporó en la reforma las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobadas en 2020.
Por otro lado, el oficialismo establece que será la Policía Nacional la que autorice las actividades de los partidos políticos en la vía pública. La Policía le ha negado a la oposición y a los nicaragüenses la posibilidad de manifestarse cívicamente.
“La iniciativa de reforma a la Ley Electoral presentada por la bancada del oficialismo, no responde a la demanda nacional e internacional de elecciones con atributos democráticos, porque no incorpora las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano, sino que, por el contrario, la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales”, señalan las organizaciones opositoras firmantes.
Imponen restricciones
El oficialismo, a través de la reforma, señalan las fuerzas opositoras establece mecanismos para “nuevas restricciones a las libertades políticas”.
Por otro lado, “no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos”, señalan.
Además, la reforma no contempla la posibilidad de recursos legales que brinde seguridad jurídica, sino que aumenta las facultades discrecionales del Poder Electoral.
“Las organizaciones firmantes hemos demandado sistemáticamente al régimen de Daniel Ortega la aplicación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, en concordancia con el acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito por el gobierno de Nicaragua el 29 de marzo de 2019 por el gobierno y la inmediata liberación de todos los presos políticos”, puntualizan.
Foto principal: Tomada del Canal parlamentario.
