- Un total de 20 Estados miembros aprobaron una resolución contra Nicaragua, de quien demandan reformas electorales, libertad de presos políticos y respeto a los derechos constitucionales de los nicaragüenses.
Redacción IP/Nicaragua
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), condenaron una vez más las graves violaciones cometidas por el estado de Nicaragua, desde el inicio de la crisis sociopolítica de abril de 2018 y demandaron reformas electorales e institucionales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes.
La resolución compromete a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a seguir de cerca la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el proceso electoral y presentar un nuevo informe oral, con recomendaciones, antes de que concluya el 2021.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, explicó que esta nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recoge el trabajo permanente de las organizaciones nicaragüenses que han denunciado las graves violaciones y que han acompañado a las víctimas de la represión.
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“La represión en el país continúa, pero ante ella, la lucha de la sociedad civil se mantiene hasta lograr justicia y una Nicaragua libre y en paz”, mencionó Núñez.
En el numeral 15, la resolución insta al Gobierno de Nicaragua a que “entable negociaciones significativas e inclusivas” con la sociedad civil y los partidos y grupos de la oposición.
Por otro lado, recomienda que trabaje con las organizaciones internacionales para aprobar, a más tardar a mayo de 2021, , reformas electorales e institucionales que garanticen un proceso de elecciones libres, justas, transparentes, tal como indicó la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su resolución AG/doc.5710/20.
Devolver derechos
Los países de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, promovieron la resolución que se aprobó este martes con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho en contra, entre estos últimos los de Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China, aliados del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Fiji, Francia, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, México, Países Bajos, Polonia, República de Corea, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda y Uruguay fueron los países que votaron a favor de la resolución.
Además de facilitar un proceso para tener elecciones libres y transparentes, los países que apoyaron la resolución demandan la liberación de los presos políticos y el retorno de los más de 100 mil nicaragüenses que se exiliaron a raíz de la persecución del gobierno de Nicaragua a sus opositores.
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Por otro lado, reclaman que se devuelva a los nicaragüenses el derecho de manifestación, justicia para las víctimas de la represión y la devolución de los medios de comunicación confiscados.
Los países que apoyan la resolución se muestran preocupados al mismo tiempo por el hecho de que más de 100 personas sigan recluidas arbitrariamente, entre ellas algunas que ya habían sido puestas en libertad en virtud de la Ley 996, Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2019.
Piden rendir cuentas
Los países que apoyaron la resolución expresaron su preocupación por las continuas denuncias de violaciones y atropellos a los derechos humanos y la falta de rendición de cuentas del gobierno de Managua, desde abril de 2018.
Agregan que en el país persiste un “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos armados, así como por las denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
“Insta al Gobierno de Nicaragua a que combata la impunidad y garantice la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas de 2018, realizando investigaciones independientes e imparciales de las múltiples formas de represión y violencia que acabaron con la vida de más de 300 personas e hirieron a 2.000, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones”, señala el documento.
Además, expresan preocupación también por el creciente número de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que se ven obligados a cesar sus actividades, debido a las “restrictivas limitaciones administrativas y financieras impuestas por las reformas legislativas aprobadas desde 2018.
Gobierno sigue siendo observado
En Nicaragua, las organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la resolución aprobada por la ONU, que también exhorta al Gobierno de Nicaragua a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para América Central, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, destacó que la resolución recoge los planteamientos que la organización ha hecho a lo largo de los últimos meses y es muy acertada tomando en consideración el entorno electoral que se acerca.
“No son cualquier reformas las que se están planteando, sino que dentro de los estándares establecidos en la OEA, el Consejo de Derechos Humanos está agregando algunos elementos importantes como la representatividad, credibilidad, transparencia a la justicia y la libertad en el marco de las elecciones”, dijo Darce.
