La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó un nuevo reporte sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, en el que se documentan patrones sistemáticos de violaciones por parte del Estado de Nicaragua.
El estudio que comprende de enero a agosto de 2023, señala en particular violaciones al derecho a la libertad de circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país, tanto de nacionales como de extranjeros a quienes el gobierno considera como voces disidentes. Estos patrones se han acentuado este año, afirma el organismo.
Las acciones realizadas por el Estado van desde:
- La prohibición de ingreso al país de sus nacionales
- La denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país y la confiscación de éstos, al querer salir de Nicaragua
- Deportación de nacionales y extranjeros a otros países, sin el debido proceso administrativo ni la posibilidad de interponer recursos.
- La no renovación de permisos de residencia de personas extranjeras sin motivación ni posibilidad de interponer recursos
- La negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado
- La prohibición de salida del país de nicaragüenses
Oacnudh documenta pérdida de los derechos civiles y políticos
El informe señala que desde la desnacionalización de 316 personas, en febrero de 2023, así como la prohibición de ingreso al país de nicaragüenses que han salido al extranjero por diversos motivos, también ha traído consigo violaciones a los derechos de libertad de circulación de sus familiares, a la reunificación familiar y a los derechos de los niños, entre otros.
En relación con los derechos de los niños, explica que Oacnudh documentó violaciones especialmente sobre el derecho de preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas, la separación de sus padres y familiares contra su voluntad, la negativa y tardía respuesta del Estado de la solicitud de los padres para que los niños puedan salir de Nicaragua a efectos de reunificar a la familia, los derechos a la salud, educación y a un nivel de vida adecuado, entre otros .
A la Oficina le llama la atención que, pese a que el Estado ha declarado la inexistencia de 316 personas, a fin de que los niños y niñas puedan reunificarse con sus padres en el extranjero, se les está exigiendo un permiso que debe ser tramitado en los consulados nicaragüenses por el padre o la madre que se encuentra en el exilio.
«Estos permisos son casi imposibles de obtener, ya que, en este caso, Nicaragua no reconoce a los padres como sus nacionales, negando estos documentos, y por ende, haciendo casi imposible la garantía del derecho a la reunificación familiar», denuncian.
En cuanto a las violaciones al derecho a la libre circulación, Oacnudh indica que ha generado impacto en otros derechos de las víctimas afectadas, tales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la vida digna, a la salud, a la educación, a la familia, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, asociación y reunión y a la seguridad personal, ya que muchas personas intentan cruzar las fronteras de Nicaragua por lugares no convencionales.
«La Oficina ha observado en muchos de los casos de deportación y prohibición de ingreso, la vulnerabilidad en la que se encuentran personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no contar con redes de apoyo, recursos económicos, garantía a sus derechos al acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud. A esto se le suma, la dificultad de contar con una posibilidad de definir una situación migratoria de manera expedita y el desconocimiento del idioma», denuncia el organismo en su informe.
Dentro de los casos de prohibición de ingreso al país de nacionales nicaragüenses, se encuentran familiares de las 316 personas desnacionalizadas y deportadas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores, activistas políticos y líderes estudiantiles, entre otros, detalla el informe.
Entre los casos de deportaciones de nacionales, además de las 222 personas expulsadas el 9 de febrero, también han documentado casos familiares de personas consideradas de oposición y personas que tuvieron alguna participación en los eventos de 2018.
