Redacción / IP Nicaragua
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) denunció ante las Naciones Unidas los ataques que sufre la Iglesia católica en Nicaragua.
Christian Salazar Volkmann de la oficina de la Oacnudh actualizó este 13 de septiembre al Consejo de Derechos de la ONU sobre la situación de Nicaragua.
En su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Oacnudh denunció la situación del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y ocho personas que «fueron arrestadas durante un allanamiento policial y trasladadas a Managua».
Los hechos expuestos por la Oacnudh destaca que el obispo Álvarez fue llevado a Managua el 19 de agosto, luego de «permanecer dos semanas retenidos bajo vigilancia de la policía».
«Un juez extendió la detención del obispo y siete de estas personas por 90 días», dijo el representante de la Oacnudh.
#HRC51 | Christian Salazar Volkmann de la @OACNUDH actualizó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre #Nicaragua.
"En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose."
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— UN Human Rights Council 📍 #HRC51 (@UN_HRC) September 13, 2022
Volkmann expuso ante la ON que, en agosto, la policía intentó incautar los equipos de transmisión de una estación de radio católica que transmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa.
«Decenas de oficiales de la policía, incluidos antimotines, allanaron la parroquia de forma violenta causando destrozos, y mantuvieron al clérigo y a seis laicos cautivos por tres días sin electricidad ni alimentos», expuso.
Oacnudh reitera que situación es «motivo de gran preocupación»
El progresivo aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional y su renuencia a cooperar con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos es para la Oacnudh un «motivo de gran preocupación».
La Oficina, según Salazar Volkmann, observa que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose.
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«Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional», dijo.
Daniel Ortega también ha continuado sus «intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico».
El Estado no se presentó a la revisión de sus informes ante dos órganos de tratados en julio y agosto pasado, y sigue incumpliendo de forma generalizada las recomendaciones de la Oficina, los mecanismos de este Consejo y los Órganos de Tratados.
Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. La Oacnudh estima que se ha cancelado la personalidad jurídica de 1,512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia Católica y otras, sumando al menos 1,578 en los últimos cuatro años.
