Entre otras exigencias, las aerolíneas deben enviar certificados con resultados negativos de COVID-19 de sus pasajeros a las autoridades sanitarias y también de sus tripulantes.
Voz de América
Al menos tres aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno de Daniel Ortega en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente impactado por la crisis social, la pandemia del nuevo coronavirus y el desplome de la economía nacional.
El gobierno de Ortega fue severamente criticado dentro y fuera de la nación debido a la inacción meses atrás para poner freno a la pandemia. También organismos regionales han criticado la falta de transparencia en cuanto a la entrega de información sobre el comportamiento de los casos. Organismos locales independientes suelen contradecir los datos oficiales, y alegan que existe un subregistro de los contagios y las muertes por esa causa.
Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a la Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno.
“La decisión de que las líneas aéreas empiecen a normalizar sus operaciones está en manos del gobierno. El gobierno es el responsable de que las líneas aéreas no vienen, porque las líneas aéreas no pueden cumplir con las medidas que se les impusieron que son únicas en Nicaragua, en ninguna parte se les han pedido estas medidas», dijo la líder de la gremial empresarial.
Otros países han tomado medidas similares. Por ejemplo en Cuba, que abrirá su aeropuerto de La Habana el 15 de noviembre, los pasajeros deberán someterse a la prueba de COVID-19 tras descender del avión. Está estipulado un protocolo para los viajeros internacionales que resulten positivos y se ha previsto el cobro de una tarifa sanitaria, cuyo monto no ha sido precisado.
Valenti, dijo no obstante, que las medidas exigidas a las líneas aéreas se contradicen con el protoloco sanitario interno asumido por el Estado, que impulsa constantemente eventos masivos, no anuló las clases presenciales en los centros escolares públicos y tampoco ha sido transparente en la presentación de las estadísticas oficiales sobre el avance del COVID-19 en el país.
Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país mientras varias ya han retomado las conexiones con otros países en Centroamérica.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
«Creemos nosotros que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto son demasiado fuertes, porque lo que estás inhabilitando es que otras líneas aéreas puedan venir al país con turistas, con consumidores para poder ayudarle a la restauración de la economía. Nosotros creemos que el gobierno debe flexibilizar esas medidas», señaló.
Las quejas de las aerolíneas están relacionadas con las exigencias de que sean estas las que recopilen los certificados negativos de COVID-19 entre sus pasajeros y los envíen a las autoridades sanitarias, que sus tripulantes presentes pruebas negativas del virus, que informen sobre la aeronave en que realizaran el vuelo, pese a que no se trata de vuelos chárter, entre otras.
Las únicas dos aerolíneas que aún no han comunicado sus planes pero que también podrían tomar la misma decisión son American Airlines y Spirit, esta última una empresa que ofrece servicios de bajo costo y con conexiones a Estados Unidos.
La única aerolínea que ha cumplido los requerimientos del gobierno es la colombiana Avianca, lo que ha puesto en apuros a pasajeros que han quedado varados en los aeropuertos por no cumplir a tiempo las exigencias del gobierno.