SAN JOSÉ, COSTA RICA —Las esperanzas de justicia de Azucena López, cuyo hijo murió durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018, se han avivado nuevamente a propósito de un reciente informe en el que expertos de la ONU determinaron que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
El documento de los expertos de la ONU llega a casi cinco años de las manifestaciones que dejaron al menos 300 muertos documentados por organismos de derechos humanos que han reconocido el uso de la represión estatal y la violencia policial para aplacar las protestas.
El hijo de López, Erick Antonio Jiménez Lopez, de 33 años, murió el 17 de julio del 2018 a consecuencia de una herida por arma de fuego que lo impactó en el pecho, de acuerdo con la versión de su familia, que consta en la página digital del Museo de la Memoria de Nicaragua.
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Al momento de su muerte estaba en pie la estatal Operación Limpieza, ejecutada por policías y paramilitares en varios sitios del país, que dejó decenas de muertos, heridos y exiliados, según organismos de derechos humanos.
“Ahora hay esperanza de que va a haber justicia, aunque duren hasta 40 o 50 años, como en otros países, y se ha visto justicia, pues eso esperamos”, dijo López a la Voz de América.
López es parte de la agrupación de víctimas llamada «Madres de Abril», que integran muchas de las madres de los fallecidos en el contexto de las manifestaciones de abril del 2018.
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El informe señala presuntos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
Los expertos de la ONU están pidiendo a la comunidad internacional que «imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas». El texto recomienda que se pongan en marcha investigaciones independientes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales de parte de agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes, indica el texto.
El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.
El temor a morir sin que se haga justicia
Los argumentos de los expertos de la ONU han alentado también a Martha Lira, quien es parte de la asociación «Madres de Abril». Su hijo, Agustín Ezequiel Mendoza Lira, quien murió de un balazo durante las protestas el 14 de junio de 2018 en Managua. Tenía 22 años.
Lira había tenido que migrar por razones económicas a Costa Rica, donde estaba al momento de la muerte de su hijo.
La mujer espera justicia tras el informe, sin embargo cree que esto es sólo una «pizca» en cuanto a lo que se debió haber avanzado a cinco años de los hechos para hacer que los responsables rindan cuentas.
«Se ve un poco del inicio de justicia, pero al tiempo que tenemos ya es para que hubiésemos avanzado más, pero entendemos el contexto del país», dijo a la VOA.
Algunas madres dijeron que temen morir sin que se haga justicia, como ha ocurrido con al menos dos familiares, entre ellos Álvaro Conrado, padre de un niño asesinado en 2018, quien falleció recientemente.
«La forma atroz en que fue asesinado me enfermó, y no fue solo mi hijo, fue a un montón de personas más. Esperaría ver justicia, reparación sobre el asesinato de mi hijo», concluyó Lira.
Impacto del informe de la ONU
Agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores, de acuerdo con el texto.
El grupo de expertos encontró que el gobierno ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos. Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales. A su vez encontró que muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación.
Carlos Guadamuz, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró a la VOA que el informe «tiene un impacto a niveles de procesos penales internacionales que se presenten pero también debe permitir garantías de no repetición así como de adoptar reparaciones».
De acuerdo con Guadamuz, podrían abrirse posibilidades procesales para los responsables de crímenes en jurisdicción internacional.
«El informe de forma contundente y demostrada deja en evidencia los crímenes del régimen, sentando las bases para la justicia porque la dictadura ya falló en su pretensión de que los hechos se olviden», concluyó.
- Con información de la Voz de América
