Nicaragua hace una “gestión catastrófica de la crisis sanitaria”

* Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe oral sobre situación de este país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Redacción  / IP Nicaragua

En Nicaragua persisten las violaciones a los derechos humanos de las personas que el Gobierno percibe como opositores y la situación ha empeorado debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus, provocando mayores “restricciones del espacio cívico y democrático”, enfatizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”, dijo la Alta Comisionada al presentar un informe oral sobre la situación en Nicaragua durante la 44 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Eso ha conllevado al despido de al menos 16 médicos –agregó- sin respetar los “procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”.

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido fuertemente criticados por la falta de un manejo adecuado de la pandemia que a la fecha ha provocado el contagio de 2,519 personas y la muerte de 83 nicaragüenses.

Bachelet reiteró que hay “poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos” de covid-19 en Nicaragua.

RIDH: “factor agravante”

Al respecto, Martha Jackson-Eade en representación de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) externó que la pandemia de covid-19 es otro “factor agravante” dentro de la grave crisis de derechos humanos y de erosión del Estado de Derecho que se viene profundizando desde hace dos años en Nicaragua.

“El gobierno no ha tomado las medidas recomendadas por la OMS y está ocultando información elemental sobre la evolución del virus en el país, proporcionando solo datos parciales y obsoletos. Los médicos que han alertado sobre el empeoramiento de la situación incluida la falta de equipos y de condiciones para los pacientes y las incoherencias de las cifras oficiales se enfrentan a amenazas y despidos arbitrarios”, denunció.

Jackson-Eade calificó a esa actitud como “gestión catastrófica de la crisis sanitaria” por parte del Gobierno de Nicaragua, lo que afecta los derechos de la vida y la salud de los nicaragüenses y también económicos.

“La falta de políticas y mitigación también está afectando los derechos socioeconómicos de la población, especialmente con respecto a la protección laboral y social y en la educación”, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos la representante de la RIDH.

Por su parte, Bachelet insistió que las medidas gubernamentales en el contexto actual no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No se ha cumplido la principal medida que se refiere al “distanciamiento físico”, reiteró la Alta Comisionada.

Gobierno responde que son “campañas de desinformación”

No obstante, la representación del Gobierno de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, señaló que además de “luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.

En su alocución del pasado 13 de mayo, la Coordinadora de Comunicación del Gobierno, Rosario Murillo acusó a los periodistas y medios independientes de promover “pandemias de miedo” frente a la crisis sanitaria, originada por el coronavirus, insistiendo que “hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas”.

Michelle Bachelet, presentó su informe oral sobre situación del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Foto: Maynor Valenzuela / IP Nicaragua.

“Pretenden crear, seguir creando, realidades falsas y usan vídeos de otros países pretendiendo creer que son videos de Nicaragua”, acusó Murillo.

No obstante, la pandemia –agregó- ha incrementado la violencia contra las mujeres.

Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos”.

Apertura al diálogo

Desde su pasada intervención oral sobre Nicaragua, en febrero pasado, se “siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores”, dijo Bachelet.

La Alta Comisionada exhortó al Gobierno a tener mayor “apertura al diálogo” con representantes de la sociedad civil, y abrirse a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano.

“Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores como le señalé en el día de ayer al ministro de las Relaciones Exteriores”.

Lamentó que ninguno de los 86 presos políticos registrados por sociedad civil, al 4 de mayo de 2020, fue beneficiado con la medida de convivencia familiar que otorgó el Gobierno a miles de presos comunes.

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