Cada año cientos de nicaragüenses cruzan hacia Costa Rica. Huyen de la pobreza, la violencia y la represión política, pero al llegar chocan con una cruda realidad. El país de acogida no es lo que se imaginaban.
Si bien obtienen algunos beneficios como personas refugiadas, también se enfrentan a un sistema con muchas adversidades, principalmente en el acceso a servicios de salud, el que muchas veces se convierte en un lujo. Es algo casi inalcanzable.
En los barrios marginales de San José, en el cantón de Desamparados y en las zonas rurales de San Carlos, provincia de Alajuela, hay nicas migrantes que resienten la falta de acceso a la salud como derecho universal que garantiza bienestar a todas las personas en todas partes.
El acceso a la atención médica ginecológica en Costa Rica no es un privilegio del que gozan todas las mujeres migrantes. En ocasiones una visita a un centro hospitalario puede convertirse en una experiencia frustrante y deshumanizante.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) proporciona la mayoría de los servicios de salud en Costa Rica.
Es la institución que administra el fondo del Seguro de Enfermedad y Maternidad y cuya cobertura incluye servicios de salud sexual y reproductiva como: exámenes de papanicolaou, detección de infecciones de transmisión sexual, acceso a anticonceptivos y planificación familiar, así como acompañamiento durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Para acceder a la atención médica en el país se necesita tener un documento de identidad vigente. Caso contrario, es casi imposible. Esta es una situación particularmente grave para aquellas personas que están en condición irregular o en proceso de solicitud de refugio.
La exiliada nicaragüense, Nydia Elisa Monterrey, quien llegó a este país en julio de 2018, vivió en carne propia una difícil situación al buscar atención médica especializada en Costa Rica.
“Esto no es una identificación, usted anda indocumentada”
Nydia es originaria de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, huyó de su país luego de sobrevivir al ataque de policías y paramilitares en la iglesia Divina Misericordia en Managua, donde se refugiaron estudiantes universitarios que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega.
La falta de dinero y un seguro médico se conjugaron en sus más profundos temores al acudir en búsqueda de atención médica al Hospital de la Mujer Adolfo Carit Eva, ubicado en San José. Nydia buscó atención por lo que inicialmente creía era una simple infección de las vías urinarias.
Ella relata que desde que cruzó la puerta de emergencias sufrió el rechazo del personal hospitalario. Su situación reveló parte de las barreras que enfrentan algunas personas migrantes que carecen de cobertura médica. El rechazo que ella vivió impidió el acceso inmediato a la atención médica que necesitaba.
“Llegó un punto en que mi dolor se transformó en dolor, pero en el vientre (…) Llegué súper mal y lo primero que me preguntaron fue por mi seguro”, recuerda.
En el hospital no solo se encontró con una barrera económica, sino que vivió el rechazo por el tipo de identificación que portaba. Al presentar su carnet de solicitante de refugio, un documento emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, Nydia enfrentó la antipatía del personal hospitalario, que no reconoció su identificación.
El documento de identidad que emite la DGME, no siempre garantiza acceso a todos los servicios, como el seguro de salud o el empleo formal, de la misma manera que lo haría una cédula de residencia.
“(En el hospital) me dijeron despectivamente: ¿Y esto qué es? Respondí que era mi identificación. La mujer me dijo que no era una identificación. Esto es como una licencia de conducir (…) lo que quiere decir que usted anda indocumentada”, detalló a Entrepatrias Nydia.
Cuando el pago es primero que la atención médica
Nydia recuerda que el personal médico le preguntó en reiteradas ocasiones: “¿Usted está embarazada?”. Al obtener una respuesta negativa de su parte, respondieron: “Entonces, tiene que pagar la consulta. No le estamos negando la atención, solo le estamos diciendo que pague primero”.
Ese día, la joven migrante abandonó el hospital porque no contaba con 30 mil colones (alrededor de 60 USD) necesarios para la consulta en el área de emergencias. “Yo solo andaba 2 mil colones (4 USD) para el bus”, recuerda.
Debido a que su problema de salud estaba empeorando, volvió al hospital dos días después. Un familiar de Estados Unidos le envió el dinero para pagar la consulta. Al llegar de nuevo al hospital, le advirtieron que el pago no cubría ni exámenes ni medicamentos.
La deuda que iba sumando
Después de una valoración médica, el ginecólogo que la atendió decidió dejarla internada. Sus temores, en ese momento, aumentaron. Confiesa que fueron los días más tensos que vivió, no por su problema de salud, sino por la deuda económica que esto le generaba ya que aumentaba por cada día de hospitalización. “Definitivamente, no quería estar en esa habitación. Solo estaba pensando en la cuenta porque me hicieron un montón de exámenes” relata.
Después de cinco días de estar en el hospital, una enfermera le reveló que su cuenta ascendía a seis mil dólares. “Yo me quería morir”, menciona la nicaragüense.
La angustia que vivió esos días llegó a su fin cuando el personal médico confirmó que estaba embarazada, un resultado que no era evidente en una prueba de laboratorio que previamente se había practicado.
“Por haber descubierto que estaba embarazada me exoneraron de la cuenta del hospital, porque inmediatamente (el caso) pasa a ser protección a un ciudadano costarricense. No fue ni por mí. Por eso me preguntaban si estaba embarazada”, afirma Nydia a la vez que confiesa que fue un sentimiento de alivio y gratitud por no tener que enfrentar esa carga económica.
Recursos limitados: el obstáculo para acceder a la salud ginecológica
Ana Quirós, feminista costarricense-nicaragüense, experta en salud pública y defensora de derechos humanos, explicó que en casos como el de Nidya, la institucionalidad y legislación costarricense plantea lo contrario frente a una emergencia o situación de dolor.
“Primero se le atiende y después se ve lo del pago (…) No se puede pedir, no se puede atrasar la atención por el tema del pago”, reiteró la experta.
Consciente de que muchas mujeres no tienen con qué asumir esos costos, la defensora de derechos humanos explica que esta realidad “tiene mucho que ver con la institucionalidad y la disposición de las autoridades costarricenses”.
“Existe el mito de que la población nicaragüense satura los servicios de salud y le cuesta al Estado costarricense. Son de las principales barreras para las personas y para las mujeres exiliadas o migrantes”, añadió.
La historia de Nidya es una de tantas en el país centroamericano. La falta de recursos financieros suficientes es una barrera significativa para las mujeres migrantes en Costa Rica, impidiéndoles acceder a la atención médica esencial que requieren, especialmente en el ámbito de la ginecología.
Desde el punto de vista de la medicina, la ginecología es muy importante para la salud integral de las mujeres. Se enfoca en la prevención, diagnóstico y tratamiento en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Les asegura bienestar y calidad de vida; pero, en Costa Rica se vuelve un lujo, particularmente para las migrantes, por la falta de recursos económicos suficientes.
Sondeo revela precariedad en los ingresos
Un sondeo de opinión realizado por Entrepatrias, dirigido a 27 mujeres entre 18 y 54 años, reveló que el 66.7% de mujeres atendidas en el sistema de salud costarricense, nunca ha sido remitida de medicina general con un especialista en ginecología.
Solo el 33.3% de las encuestadas afirma que la remitieron a una consulta con un ginecólogo.
Sin embargo, el 74.1% de las mujeres afirmó que al visitar los centros médicos públicos y no ser remitida con un ginecólogo, buscó atención especializada por su cuenta con médicos privados.
Por otro lado, el sondeo evidenció las precariedades económicas que viven las mujeres migrantes en Costa Rica, donde solo una de cada cuatro mujeres (25.9%) tiene un empleo de tiempo completo.
El 33.3% trabaja por cuenta propia y el 14.8% aseguró no tener empleo. Los resultados evidencian que para las mujeres migrantes es difícil asumir costos de forma privada o pagar un seguro médico para atender su salud.
En lo que respecta a los ingresos, el 18.5% de las mujeres reportó tener ingresos de USD 100 mensuales. Un 33.3% de las encuestadas indicó que sus ingresos mensuales se encuentran entre los USD 100 y USD 500.
De las 27 mujeres encuestadas, al menos el 25.9% de ellas reportó que sus ingresos son superiores a los USD 500 cada mes.
El sondeo demuestra que solo el 22.2% genera ingresos de entre USD 1,000 y USD 1,500 mensuales. Estas mujeres mencionan que, aunque sus ingresos son relativamente más altos, el elevado costo de vida en Costa Rica les impide, en ocasiones, acudir a consultas privadas porque deben sufragar, entre otros gastos, alquiler, alimentación y servicios básicos.
El sondeo reflejó también que el 25.9% de las mujeres consultadas no acceden a servicios médicos ginecológicos y el 74.1% que son las que tienen mayores ingresos, han podido acceder porque pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), algunas como beneficiarias del seguro que paga la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras pagan consultas en clínicas privadas.
*** Esta es una producción de Entrepatrias con el apoyo de La Sala, Mujeres en la redacción.
