La empresa estadounidense de servicios financieros y comerciales, Moody’s Investors Service señaló que el manejo de los resultados de las elecciones en Nicaragua (B3 estable) generó incertidumbre que tendrá un fuerte impacto negativo en la actividad económica en el próximo año.
El informe publicado ayer destaca que la credibilidad de los resultados electorales es difícil de validar al no permitir el ingreso de observadores internacionales.
Cabe destacar que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) dio por ganador a Daniel Ortega, reelegido con el 74,99 % de los votos en los comicios generales. En ese contexto, el observatorio independiente Urnas Abiertas calculó que entre el 79 % y 84 % de los nicaragüenses se abstuvo de participar en los comicios presidenciales. Aunque el CSE dijo que en las elecciones de 2021 hubo una participación del 65,34 %.
Con siete aspirantes a candidatos tras las rejas o exiliados, Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo desde 2007. El líder político ha gobernado junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de 70 años, portavoz oficial del Gobierno, desde principios de 2017.
Esos resultados causaron fuerte reacción en la comunidad internacional, donde 40 países señalaron desconocer los resultados de las elecciones y 4 dijeron apoyarlos.
Entre los países, cuyos representantes señalan que las elecciones de Nicaragua son ilegítimas destacan las 27 naciones que conforman el bloque de la Unión Europea, sumándole Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Canadá República Dominicana, Argentina y Guatemala.
Por otro lado, los países que dicen apoyar la reelección de Ortega está Rusia, Venezuela, Cuba y Bolivia.
Moody’s Investors Service adviertió que la falta de credibilidad en la gestión del país podría «limitar» el desempeño económico futuro y tener un impacto en el perfil crediticio del país.
«La credibilidad del resultado electoral se ha visto socavada por las denuncias de que la participación real fue inferior a la notificada y de que las estimaciones oficiales de la participación de los votantes serían muy exageradas», dijo en su informe.
Moody’s Investors Service describe que el manejo de las elecciones por parte del gobierno de Nicaragua podría reavivar las tensiones sociopolíticas que se intensificaron en 2018 y provocaron protestas masivas que duraron hasta 2019 y tuvieron un fuerte impacto negativo en la actividad económica en ambos años.
La calificadora dijo en el informe que las protestas dieron lugar a sucesivas contracciones del PIB real del 3.4% en 2018 y del 3.7% en 2019.
A eso se le sumó tensiones políticas disminuyeron a medida que la pandemia comenzó a extenderse.
«El país pareció salir de la lucha sociopolítica a medida que la crisis sanitaria entró en foco. La economía se contrajo un 2% en 2020, marcando el tercer año consecutivo de recesión», detalló.
Moody’s Investors Service describió que hubo un crecimiento medio del PIB real de Nicaragua del 4,7% en 2013-2017.
Luego, la gestión macroeconómica prudente a lo largo de la contracción económica de tres años en 2018-20 impidió un empeoramiento de las métricas fiscales, dado que la deuda pública alcanzó un máximo de alrededor del 48% del PIB en 2020, un aumento relativamente limitado del 34.1% en 2017 considerando los tres años consecutivos de contracción económica.
La calificadora dijo que el riesgo de sanciones estadounidenses que podrían poner en peligro los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua.
El aumento de las sanciones reduciría las ya limitadas capacidades de financiamiento del gobierno en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, Aaa estable) y el Banco Mundial (BIRF, Aaa estable).
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El otro riesgo es la situación r de la comunidad empresarial local a la situación política y el efecto que esto podría tener en la actividad económica y, lo que es más importante, en las perspectivas de crecimiento a medio plazo.
