Monseñor José Leonardo Urbina recluido en «La Chiquita», la celda más pequeña de máxima seguridad en La Modelo

Según la resolución de la CIDH, monseñor Urbina se encuentra detenido «pese a padecer una serie de afectaciones de salud»
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Monseñor José Leonardo Urbina, de 51 años, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, condenado a 30 años de prisión estaría detenido en una celda de máxima seguridad conocida como «La Chiquita» en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro «La Modelo», según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sacerdote, uno de los presos políticos en Nicaragua, estaría preso en una de las «celdas más pequeñas de máxima seguridad», en la galería 2, planta baja, celda 18 y estaría compartiendo el espacio con un preso común conocido como «El Black».

Son «condiciones sumamente difíciles” las que estaría pasando el sacerdote de la Iglesia católica nicaragüense, señala la CIDH.

La entidad de derechos humanos otorgó este miércoles medidas cautelares a monseñor Urbina «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua», sin embargo, la petición se realizó el 19 de julio de este año por parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La CIDH determinó que Urbina se encuentra además en  “condiciones sumamente difíciles”. Tampoco le permiten salir al patio a tomar sol. Todas estas condiciones «podrían ocasionar un mayor deterioro en la salud del propuesto beneficiario y lo pondría en aun mayor riesgo. Por su parte, la parte solicitante señaló que no ha recibido reportes específicos de actos de violencia contra el propuesto beneficiario», se lee en la resolución.

Recibe visitas cada quince días

La CIDH informó además que recibieron información que monseñor Urbina recibe visitas cada quince días. Según un familiar, el propuesto beneficiario le informó en su última visita que no se le permitiría “patio sol” en el penal.

Según la resolución, monseñor Urbina tiene un deterioro en su salud y se encuentra detenido «pese a padecer una serie de afectaciones». El beneficiario no recibe, según la CIDH, «atención médica básica, especializada o medicamentos» y no existe información suficiente sobre sus condiciones de detención actuales ni se le permite el ingreso de su abogado.

También describen que monseñor Urbina padece de trombosis en los pies, diabetes e hipertensión y se le estaría negado el acceso a la atención médica adecuada, así como los medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos, a pesar de requerir medicación constante.

A monseñor tampoco se le ha permitido el ingreso de su abogado de confianza, de esta forma restringiendo su derecho a una defensa adecuada.  «Hasta la fecha, sus familiares no han tenido acceso al caso penal del propuesto beneficiario, por lo que no tienen información acerca del proceso penal sostenido en su contra», explica la resolución.

Acusaciones en contra de monseñor Urbina

Monseñor Urbina fue enviado a juicio tras ser acusado y condenado por los delitos de abuso sexual en concurso real de violación a una menor de 14 años, y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S., de 12 años, según acusación presentada por el Ministerio Público.

La sentencia fue dictada por el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, mismo que lo declaró culpable el pasado 25 de agosto.

El padre debe cumplir la condena en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052, según indica la sentencia.

Es el segundo sacerdote condenado

El padre Urbina fue el segundo caso de un sacerdote de la Iglesia católica al que el régimen condena por delitos comunes en un contexto de hostigamiento, amenazas y persecución a los líderes y sacerdotes de la Iglesia católica.

En julio pasado se concretó el primer caso de un sacerdote condenado sin seguir el debido proceso. Fue el caso del padre Manuel Salvador Martínez, condenado a casi 50 años de cárcel, por supuestamente haber amenazado a un grupo de civiles, y lesiones psicológicas y físicas a una mujer.