*Funcionario estadounidense afirma que así no actúan los gobiernos democráticos.
Redacción / IP Nicaragua
El subsecretario interno de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, acusó al gobernante Daniel Ortega de “atropellar la libertad” de los nicaragüenses con la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos.
“Otra semana, otra ley de Ortega que atropella la libertad de expresión y prensa. La propuesta Ley de “Ciberdelitos” es una amenaza a los nicaragüenses con criterio propio que criminaliza las expresiones que disgustan al régimen de Ortega”, mencionó el funcionario estadounidense.
Kozak agregó que “así no actúan los gobiernos democráticos”.
El pasado 28 de septiembre, los miembros de la bancada sandinista presentaron en la Asamblea Nacional la iniciativa de ley, considerada un tiro de gracia a la prensa independiente.
En Nicaragua desde la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, han surgido 27 plataformas digitales de noticias, como una muestra de resistencia del periodismo independiente y crítico que Ortega pretende eliminar.
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En diciembre de 2018, el gobernante de turno expropió al periodista Miguel Mora, el canal 100% Noticias y las oficinas donde funcionaba Esta Semana, Confidencial y Esta Noche, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Ley a comisión en Asamblea
En una carrera contra el reloj, este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, ordenó a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, elaborar un dictamen sobre la iniciativa.
La ley contempla castigar los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y todo lo que considere “noticias falsas”, un término que en los últimos meses ha sido utilizado por la Coordinadora de Comunicación del gobierno, Rosario Murillo.
En el contexto de la pandemia de covid-19, Murillo acusó a los medios independientes de transmitir “noticias falsas”, por reproducir los momentos en que pobladores de diferentes lugares documentaron los entierros de las personas que murieron a causa del virus.
El artículo 30 de esta iniciativa establece una pena de entre 2 y 4 años de prisión cuando se divulgue una noticia falsa que produzca “alarma, temor, zozobra”, señala el documento.
Por otro lado, todas las amenazas que se hagan a través de redes sociales, que son elementos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se sancionarán con prisión.
Posterior a esta iniciativa, un día después, Ortega mandó a publicar un decreto en el que instruye que se elabore una “Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025”.
El decreto presidencial 24-2020, según Ortega, busca aprovechar las TIC para que éstas sean herramientas que “contribuya a la paz”.
