En Nicaragua, las mujeres en su mayoría están acusadas por la comisión de delitos de drogas, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas.
En las celdas de la Policía Nacional, del total de personas sujetas a prisión preventiva, el 83% de las mujeres se encuentran cumpliendo esta medida por delitos de drogas, mientras el 71% son hombres, añade el informe.
«Estas cifras indicarían que las mujeres acusadas de cometer delitos de drogas tienen mayores probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres», indica el informe de la CIDH dado a conocer el pasado 26 de junio.
En su análisis sobre la situación especial de riesgo y graves afectaciones que enfrentan las mujeres en el contexto de la privación de su libertad en la región, la CIDH señalado que la pobreza y exclusión social pueden favorecer la propensión a cometer delitos.
En particular, la Comisión señala que la pobreza, la falta de oportunidades y las barreras al acceso a la educación colocan a las mujeres en situaciones vulnerables, y hacen de ellas objetivos fáciles de la delincuencia organizada, tras colocarlas ante un mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas.
Mujeres presas en Nicaragua
Adicionalmente, la CIDH apunta que las reducidas oportunidades educativas de las mujeres también contribuyen a su involucramiento con la comisión de delitos.
Al respecto, información disponible indica que la mayoría de las mujeres privadas de libertad carece de formación educativa completa, pues se caracterizan por haber tenido escasas posibilidades de acceso a la educación.
Afirman que las mujeres encarceladas en Nicaragua generalmente cuentan únicamente con educación primaria .
En esa misma línea, la información recabada por la CIDH da cuenta que gran parte de las mujeres encarceladas provienen de los sectores de la sociedad más desventajados caracterizados por pobreza o pobreza extrema y acceso limitado a recursos.
Mujeres defensoras de derechos humanos
La Comisión advierte que en contextos de crisis institucionales, la labor de mujeres como defensoras de derechos humanos se presenta como un factor que puede contribuir a su detención.
En particular, respecto de Nicaragua, la Comisión tomó conocimiento de decenas de mujeres privadas de libertad por ejercer su labor de defensa de derechos humanos.
Las principales causas que habrían motivado su encarcelamiento abarcan: formar parte de agrupaciones o iniciativas que tendrían un rol relevante en la situación que atraviesa el país; intentar manifestarse en defensa de las personas detenidas por razones políticas; ejercer el periodismo y denunciar represión estatal; y formar parte de movimientos estudiantiles y participar en protestas.
Igualmente, mediante un informe enviado a la CIDH el 13 de febrero de 2019, el Estado de Nicaragua reconoció que 27 mujeres habían sido privadas de libertad “a raíz del fallido golpe de Estado”.
En este escenario, habrían sido acusadas por la comisión de diversos delitos tales como crimen organizado, terrorismo, entorpecimiento de los servicios públicos, conspiración, amenazas, exposición de personas al peligro, entre otros .
