Más de 4 millones de dólares, deben en impuestos los canales de los hijos de Ortega y Murillo

Una investigación realizada por la agencia de noticias internacional Reuters, reveló que Canal 8 y Canal 4 han evadido impuesto desde el 2010.

Redacción IP Nicaragua

Canal 8 y Canal 4, ambos medios de comunicación controlados por los hijos de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, deben a la dirección General de Ingresos (DGI), cuatro millones 38 mil dólares desde hace 10 años.

Una investigación realizada por la agencia de noticias internacionales Reuters, divulgada este lunes, reveló que Canal 8, propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, no ha pagado impuestos e interese por unos 4 millones de dólares, desde 2010, año en que asumió el cargo, aunque la investigación indica que ahora Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega es propietaria mayoritaria. En tanto Canal 4, administrado por su hermano Daniel Edmundo Ortega, debe alrededor de 38 mil dólares en impuestos atrasados.

Mientras los hijos de los mandatarios, evaden el pago de impuestos, la agencia tributaria del país (DGI), persigue y embarga medios de comunicación independientes y críticos de su gobierno, como pasa actualmente con Canal 12, propiedad del empresario Mariano Valle, a quien le han impuesto un reparo fiscal por 28 millones de córdobas. En un comunicado emitido en septiembre de 2020, Valle, calificó esta medida como «arbitraria e ilegal», y aseguró «no debemos nada».

Familia Ortega controla una cadena de medios

Entre el año 2007 que Ortega llegó nuevamente al poder, hasta la fecha, su familia y socios cercanos han obtenido la propiedad o gestión administrativa de al menos una docena de canales de televisión, estaciones de radio y sitios de noticias en línea, divulgó Reuters, en el reportaje titulado, «Cómo Ortega levanto un imperio mediático que enriquece a su familia y afianza su poder en Nicaragua».

EE. UU. sanciona a Juan Carlos Ortega Murillo y testaferros de la familia presidencial

Según los documentos tributarios y de registro corporativo de 2020, revisados por la agencia de noticia internacional, la familia Ortega Murillo, controla la propiedad de Canal 8 y la emisora Radio Ya.

Amigos y aliados de la familia presidencial poseen tres canales de televisión oficial: Canal 4, Canal 13 y Canal 22, todos administrados por los hijos de Ortega y Murillo. Una cuarta estación, Canal 2, también es propiedad de un socio y los Ortega manejan sus áreas de noticias.

A través de la propiedad estatal, los Ortega Murillo, controlan la emisora de televisión Canal 6, la cadena nacional de AM Radio Nicaragua y portales de noticias en línea como El 19 Digital. La investigación agrega, que los socios de la familia presidencial poseen al menos otras tres estacione de radio, todas abiertas afines al Gobierno.

Las actividades mediáticas de la familia parecen violar varias leyes nicaragüenses, según abogados locales consultados por Reuters. «Al canalizar fondos estatales a propiedades controladas por la familia, Ortega incumple la legislación que rige el comportamiento y las compras de los servidores públicos», dijeron los expertos consultados.

«Debido a que algunas de las adquisiciones supuestamente se realizaron en parte a través de una empresa conjunta controlada por la petrolera estatal venezolana PDVSA, las compras violaron una ley que prohíbe la propiedad extranjera de los medios de comunicación nicaragüenses», agregaron los abogados.

En 2011, los Ortega lanzaron una nueva estación de televisión, Canal 13, administrada por otros tres hijos de la pareja presidencial: Camila, Maurice y Luciana. Tres años después en 2014, Maurice Ortega también comenzó a administrar las operaciones de noticias de Canal 2, otra importante estación propiedad de los aliados de Ortega.

Revelan a los «supuestos testaferros» de Ortega y Murillo

Según los documentos tributarios a los que tuvo acceso Reuters, Canal 8 es propiedad de Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en diciembre de 2019, señalado de lavado de dinero y apoyar la corrupción en Nicaragua.

«No está claro si Leets Marín estuvo implicada en la compra de 2010, pero los documentos la identifican ahora como la propietaria mayoritaria», revela la agencia de noticias internacional.

Para el 2008, la familia Ortega Murillo y colaboradores cercanos habían comenzado a construir lo que hoy es un imperio empresarial con activos en energía, seguridad y otros sectores.

Asoman sanciones de la Unión Europea contra Ortega

Juan Carlos lanzó ese año Difuso Comunicaciones, una agencia de publicidad, la cual fue sancionada junto a él, por Estados Unidos en junio de 2020, por difundir «propaganda del régimen».

Difuso produce comerciales para el turismo estatal, la agencia de puertos, la autoridad de electricidad y otras dependencias estatales, y coloca los anuncios en canales controlados por la familia. Los documentos en manos de Reuters, muestran que los propietarios de Difuso son María Luisa Mejía, a quien se hace referencia regularmente en Nicaragua como una de las abogadas de la primera dama y vicepresidenta Murillo, y a Néstor Moncada Lau, asesor en temas de seguridad de la presidencia.

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En 2018, EE.UU., sancionó a Moncada Lau por estar a cargo supuestamente de las operaciones de represión en contra de los participantes en las marchas de ese año y «por sobornar a otros nicaragüenses para evitar que se pusieran al Gobierno».

Reciben pagos millonarios en publicidad estatal

Con más plataformas en manos de la familia Ortega Murillo, el gobierno aumentó más de diez veces el gasto estatal en publicidad, según datos recopilados por Media Gurú, una consultora publicitaria, difundió Reuters. Los datos, revisados de forma independiente por la agencia, se basan en las tareas del mercado para la publicidad en canales de todo el país.

La investigación detalla que entre 2000 y 2010, según una persona familiarizada con los datos, el gobierno de Nicaragua gastó aproximadamente 2.6 millones de dólares al año en publicidad. Para 2019, muestran los datos, las cifras se habían disparado a un estimado de 29 millones de dólares anuales.

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