El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes la Ley Renacer, una iniciativa que amplía la posibilidad de más sanciones contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, mientras tanto Naciones Unidas en una actualización oral sobre la situación de Nicaragua pidió un “cambio urgente” para garantizar elecciones democráticas en el país.
“El desespero de Ortega por atornillarse en el poder le ha costado la poca legitimidad que le quedaba. Habrán consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho a elecciones libres y justas”, advirtió el senador demócrata, Robert Bob Menéndez, tras su aprobación.
La iniciativa aprobada contiene una enmienda que propone la revisión de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).
🚨🚨El Comité acaba de aprobar mi Proyecto de Ley RENACER. El desespero de Ortega por atornillarse en el poder le ha costado la poca legitimidad que le quedaba. Habrán consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho a elecciones libres y justas. https://t.co/tiyIrdI99K
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 22, 2021
El pasado 30 de abril, el congresista Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de Estados Unidos, junto a la congresista María Elvira Salazar fueron los encargados de presentar la Ley Renacer ante el Congreso de Estados Unidos.
La ley además de supervisar los préstamos de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional contempla coordinaciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea para ofrecer una respuesta conjunta a las violaciones de derechos humanos en el país.
Por otro lado, crea la posibilidad de más sanciones al circulo de Ortega y su familia, representantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), Policía Nacional y Ejército de Nicaragua.
ONU: “Grave deterioro”
Mientras tanto, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo Permanente de la ONU un informe actualizado sobre la situación de derecho humanos de Nicaragua, en el que alertó que la crisis se ha agudizado de manera alarmante.
«Desde mí informe sobre Nicaragua ante este Consejo el pasado 23 de febrero (2021), mi Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos», expresó Bachelet durante su intervención en la sesión número 47 del Consejo Permanente de las Naciones Unidas.
La Alta Comisionada alertó que «esto aleja la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre».
El gobierno de Ortega mantiene encarcelados a cinco precandidatos presidenciales, más de quince líderes oportunidades, y a más de cien presos políticos desde 2018.
«Dese hace más de estrés años este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado el cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante», señaló Bachelet.
La Alta Comisionada también indicó sobre las reciente acciones del gobierno de Ortega contra la oposición nicaragüense que desde la Policía y el Ministerio Público los ha detenido «sin suficiente evidencia probatoria».
Por lo tanto, «llamo al gobierno a un cambio urgen, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático». A la vez reiteró que «es urgente que se autorice el regreso de mi Oficina en Nicaragua».
59 países miembros condenaron las acciones de Ortega
Por otro lado, un grupo de 59 países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, demandaron también este martes a Ortega garantizar la protección de los derechos humanos y cesar el hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En una declaración conjunta de los 59 países, los Estado se mostraron preocupados por «la impunidad persistente por las violaciones se derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias».
Los países firmantes de la declaración son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guayana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.
«El Gobierno (de Nicaragua) debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», dijeron de forma conjunta los países.
También instaron al gobierno a «cesar el hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».
Además, expresaron su preocupación porque las próximas elecciones podrían desarrollarse sin condiciones.
«La disolución arbitraria de partos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata», exigieron.
