*Fundación Violeta Barrios de Chamorro rechaza aprobación de esta iniciativa que califica como “siniestra”.
Redacción IP Nicaragua
La Ley Especial de Ciberdelitos “violenta el derecho de libertad de información y prensa”, constituye una “bofetada” a los derechos que tienen los nicaragüenses de buscar y recibir información en plena libertad, afirmó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
“La ley de Ciberdelitos es tan siniestra, que desde un audio, una foto, un archivo cualquiera, que podamos andar en nuestros teléfonos, computadoras u otros dispositivos tecnológicos podría ser catalogado por los operadores de justicia, como propagación y difusión de noticias falsas”, explicó la Fundación a través de un comunicado.
El artículo 30 de la iniciativa aprobada el martes 27 de octubre en la Asamblea Nacional establece una sanción privativa de libertad de tres a cinco años a quienes difundan “información falsa y/o tergiversada”.
Y quienes difundan “información falsa y/o tergiversada” a través de la cual promuevan “alarma, temor, zozobra” también podrían pagar con cárcel de entre dos y cuatro años.
“Repudiamos esta nueva bofetada contra las libertades públicas, lo que representa un grave retroceso en materia de legislación y de respeto a los derechos humanos”, se lee en el documento publicado en su sitio web.
CIDH pide dejar sin efecto
A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las dos leyes que forman parte del combo que envió en septiembre pasado el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional solo “agravan la crisis de derechos humanos en Nicaragua e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando”.
Desde abril de 2018, con el estallido de las protestas pacíficas antigubernamentales, poco a poco se han conculcado los derechos de los nicaragüenses y se ha cerrado la oportunidad de protesta, movilización y asociación.
En un reciente informe temático titulado “Corrupción y derechos humanos”, la CIDH destacó que algunos Estados de la región recurren a prácticas de “censura, bloqueo o eliminación de páginas web o cuentas en redes sociales”, para acallar a sus adversarios.
“En Nicaragua, el Estado ha adoptado medidas de censura directa e indirecta e interferencias tanto por parte de agentes del Estado como acciones violentas por parte de particulares en contra de los medios independientes”, cita el informe publicado esta semana.
Ley aprobada para criminalizar
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunció que la ley conocida como “Ley Mordaza” criminaliza el derecho de expresar libremente “pensamientos e ideas ya sea por periodistas, medios de comunicación o cualquier ciudadano que haciendo uso de las redes sociales desee expresar su opinión sobre la gestión pública”.
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“En la Ley se usan conceptos y frases excesivamente ambiguos e indeterminados, sin rigor técnico que distan mucho de los estándares de otras legislaciones de la región. Esta “Ley Mordaza” que es una ley ordinaria se excede sobre la Constitución Política porque penaliza derechos constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, derecho al trabajo, derecho de Acceso a la Información, y el derecho al libre ejercicio de la práctica periodística”, acusa la Fundación.
Otra grave violación es la obligación que tienen ahora los “proveedores de servicios de comunicación, tales como a las compañías telefónicas, a poner a disposición de los operadores de justicia, información sensible de cualquier usuario de estas compañías”.
Esa situación “violenta el derecho a la vida privada que tenemos los nicaragüenses y que está amparada en el artículo 26 de la Constitución Política”, señala la Fundación.
Foto portada tomada de internet.
