MIAMI, EEUU —La ley SB 1718 de Florida contra la migración irregular ha causado una gran preocupación entre los indocumentados de Florida. Francisca Ávila, una mujer que lleva varios años viviendo con un estatus irregular en Florida, asegura a la Voz de América que “hay demasiado temor” entre la comunidad migrante del estado del Sol, lo que ha provocado que muchos, según ella, estén decidiendo abandonar esta región.
“La gente se está yendo y los trabajos se están quedando sin trabajadores. Porque ¿quién hace esos trabajos? Pues los que venimos de por allá”, dijo la mujer.
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Carlos, otro indocumentado, también admitió que “mucha gente sí se ha ido” de su entorno y alude también que hay “mucho miedo”. Pero, ¿qué dice la ley?
La ley SB 1718 punto por punto
- La medida, que entrará en vigor el 1 de julio, contempla un presupuesto de 12 millones de dólares para reubicar a inmigrantes de Florida en otros estados. Algo que ya se hizo hace unos meses, cuando se enviaron varios grupos de indocumentados a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
- Esta legislación obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar el sistema E-Verify, para certificar el estatus migratorio de los trabajadores. Si contratan a indocumentados, se establecen multas de 1.000 dólares al día.
- También se invalidan las tarjetas de identificación y carnés de manejar de otros estados. En algunos sitios, como Nueva York, no se requiere un estatus migratorio para conseguir una licencia de conducir. A partir de ahora, solo será válida una identificación de Florida.
- Los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes e informar trimestralmente al gobierno del Estado. También se contemplan sanciones si no se hace.
- Y por último, el punto que ha causado más indignación. Prohíbe transportar indocumentados a Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano.
- Se establecen penas de cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si el indocumentado es mayor de edad. Pero de 15 años de prisión y multas de 15.000 dólares si en el vehículo hay menores.
«Esta ley nos afecta bastante»
“Ahora, si mi primo y yo queremos ver a la familia en Carolina del Norte y es al entrar que yo me encuentro perjudicada y eso nos afecta bastante”, explica Yarelis Méndez Zamora, activista Coalición Inmigrantes de la Florida.
María Bilbao, una activista de la organización American Friends Service Committee que vela por los derechos de los migrantes, recomienda a los indocumentados no viajar al estado.
“A mí cuando me dicen, tengo unas vacaciones programadas para agosto yo les digo que no vengan, que no se pongan en riesgo, es muy peligroso venir de otro estado a la Florida manejando es peligroso”, comenta.
¿Qué dice Ron DeSantis?
Sin embargo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dice que estas medidas solo pretender luchar contra el tráfico humano y minimizar los efectos que, según él, han causado las políticas en la frontera sur con México.
«Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida. Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho», dijo DeSantis hace unas semanas.
¿En qué trabajan los indocumentados en Florida?
Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin papeles que viven en Florida, de acuerdo a datos del Instituto de Políticas Migratorias.
El 24 % de la población trabaja en la construcción, el 17 % en el campo y la administración, el 15 % en el sector de la hostelería y el 9 % en comercio minorista.
El sector de la construcción podría ser uno de los más afectados. Dionidas Barrios es guatemalteco, vive en Florida y trabaja como albañil en Miami poniendo losas. No tiene papeles y asegura que esta ley le va a impactar directamente.
“No, no tengo papeles. Imagínate, nosotros como empleados de empresas grandes nos va a afectar en cierto sentido”, relata.
Se estima que unas 700.000 personas en Florida trabajan en la construcción, y que el 15 % aproximadamente es personal indocumentado. La entrada en vigor de esta ley podría provocar una huida masiva de indocumentados, atemorizados por las consecuencias.
«Todos se están yendo»
“En la construcción todos se están yendo, todos tienen miedo a qué va a pasar. Yo creo que todo esto se va a venir abajo si él no toma consciencia de las cosas”, explica Norma Licona, una contratista que trabaja en el sur de Florida.
Y algunas organizaciones advierten que ciertos sectores, como la construcción o el campo, podrían paralizarse ante la escasez de mano de obra.
“En Miami, ahorita, estamos en una temporada en que están muchas construcciones, que están muchos desarrollos de casas, de edificios, y en cualquier momento va a pararse”, declaraba Paula Muñoz, miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
Muy pocos se atreven a hablar porque temen represalias, pero saben que sin esta fuerza laboral el impacto económico será importante.
“Imagínate la mayoría de la construcción la hacemos nosotros los latinos, no vas a ver a un americano agarrando pico y pala ahí para meterle a la construcción”, agrega Dionidas Barrios.
¿Puede intervenir una corte?
Algunas organizaciones no descartan en poner esta ley en manos de la justicia, consideran que el gobernador se está sobrepasando sus poderes y que una corte debería poner remedio. ¿Pero hasta qué punto la corte puede intervenir?
“Para tú entrar en corte federal tienes que tener un daño que haya ocurrido. Y no solamente hay que esperar que se adopte la ley, sino que se ponga en práctica. Hasta que no haya una persona detenida y que no se ponga una demanda a un empleador -por ejemplo- por haber contratado los servicios de una personas que no aparece en las listas de E-verify yo no creo que la corte vaya a entrar en casos hipotéticos”, aclara el abogado constitucional, Rafael Peñalver.
¿Cuál es el límite del poder federal?
¿Y el gobierno federal? ¿Puede hacer alguna cosa? Lo que dicen los expertos es que las competencias de la Casa Blanca se rigen en implementar en este caso la ley del sistema migratorio, cómo proceder a la emisión de visas de trabajo, cómo hacer residentes a los inmigrantes o el sistema para entrar a Estados Unidos. En cambio, los estados pueden implementar leyes más concretas. Como por ejemplo, el sistema en cómo se debe contratar a las personas o una ley de circulación, que solo atañe a ese estado.
“Cada estado también tiene poder policial para poder hacer cumplir las leyes estatales”, añade Peñalver.
Y es por eso que el gobernador Ron DeSantis asegura que tiene el amparo de la ley para implementar este tipo de legislaciones.
