La policía guatemalteca detuvo el martes a la exfiscal Xiomara Sosa, quien participó en acusaciones y logró llevar a la justicia a señalados de corrupción. La fiscalía la acusa de obstrucción a la justicia supuestamente por hacer peticiones a un juzgado.
Durante tres días Sosa estuvo acudiendo al juzgado donde lleva la causa en su contra, pero no fue atendida y la policía la detuvo. El juez que conoce su causa la envió a una prisión mientras continúa la audiencia de declaración el viernes.
Juan Luis Pantaleón, vocero de la fiscalía, confirmó a The Associated Press que la fiscalía busca acusar a Sosa por presunta obstrucción a la justicia, que había presentado su renuncia y que el martes había sido aceptada.
Flor Galvez, defensora de Sosa, confirmó a la AP la decisión del juez y dijo que el caso está bajo reserva, por lo que se abstuvo de dar detalles del proceso.
El caso se desencadenó luego de que Leily Santizo, abogada de Sosa y primera detenida, solicitara a una juez la conexión de un proceso de investigación que relaciona a la constructora Odebrecht y donde Sosa habría participado como investigadora, a lo que la juzgadora accedió, lo cual la fiscalía considera obstrucción a la justicia.
Santizo laboró para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, colaboró en la investigación de casos de corrupción en el país centroamericano durante 12 años y que finalizó su gestión en 2019, tras la negativa del entonces presidente Jimmy Morales de renovar el mandato.
Sosa laboraba para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, que junto a la CICIG llevó a juicio a cientos de personas acusados y condenados por corrupción.
Varias organizaciones e incluso la Unión Europea mostraron su preocupación por las detenciones.
Organizaciones de Derechos Humanos han dicho que se trata de una venganza de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, contra aquellos que investigaron corrupción con CICIG, lo que ha negado la fiscalía.
El viernes diputados opositores anunciaron que Margarette May Macaulay y y Diego García Sayán, relatores especiales sobre Guatemala y magistrados y abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizarán una visita al país para constatar la situación de la justicia en Guatemala.
“Para señalar, identificar, los abusos, hostigamientos y persecución de la que están siendo objeto los operadores de justicia y los abogados en nuestro país”, dijo el diputado Bernardo Arévalo, del partido político Movimiento Semilla.
“Estamos hoy en una situación donde la cooptación del sistema de justicia ya no sólo sirve para procurar impunidad a los corruptos que están utilizando ese control para poder facilitar sus negocios de tráfico de drogas o negocios espurios en el estado, sino lo están usando para perseguir a cualquier persona que es un obstáculo para sus objetivos”, señaló el diputado a periodistas.
El juez Geiser Smaille Pérez Dominguez es quien conocerá la causa de las abogadas. Fue señalado por la CICIG de reunirse con el empresario preso Gustavo Alejos, acusado de amañar la elección de magistrados y jueces.
En 2021, Estados Unidos le retiró la visa de entrada a la fiscal general Porras señalándola de socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción.
