Redacción /IP Nicaragua
Los exprecandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y la reconocida opositora al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Violeta Granera cumplen hoy un año presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocida como «El Chipote».
Los cuatro presos políticos fueron capturados el 8 de junio de 2021 durante el contexto preelectoral.
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Maradiaga fue el primero en ser detenido tras asistir a una cita en la Fiscalía, a eso de las 12:40 del mediodía. El segundo fue Juan Sebastián Chamorro, detenido en su casa, tras varios meses de asedio policial, a eso de las 7:30 de la noche.
Aguerri también fue detenido por la noche en su casa y trasladado a El Chipote. Mientras que en el caso de Granera, la Policía emitió un comunicado ese día informando que permanecía bajo custodia policial y luego fue trasladada al mismo centro de detención.
En El Chipote les han permitido siete visitas en un año
Sus familiares han denunciado que durante el año de encierro arbitrario únicamente han tenido siete visitas. La primera visita se realizó tres meses después de sus capturas.
Luego de la séptima visita, en abril, los familiares denunciaron «la extrema preocupación por un deterioro generalizado en la salud, causado por lo que entendemos es una política sistemática de torturas dirigida a quebrar sus cuerpos y mentes», según expusieron a través de un comunicado.
Granera fue diagnosticada con vitíligo. Sus hijos se encuentran preocupados, porque ella tiene manchas blancas y manchas rojas en todo el cuerpo. Además denunciaron que continúa con problemas dentales que no han sido atendidas desde hace más de cuatro meses.
Condenados a 8 y 13 años de cárcel
El pasado 3 de marzo, el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Salmerón Moreno, condenó a Chamorro, Maradiaga y Aguerri a 13 años de cárcel a petición del Ministerio Público, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras que a la activista Violeta Granera, el mismo judicial le impuso una pena de 8 años de prisión, y también la inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Todos ellos junto a otros tres opositores fueron declarados culpables por Salmerón, el pasado 3 de febrero, en un juicio que duró siete días con extensas y cansadas audiencias diarias que finalizaban en horas de la noche.
Corte IDH amplió medidas provisionales para Chamorro y otros reos políticos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas provisionales a favor de Juan Sebastián Chamorro y otros presos políticos, y requiere al Estado de Nicaragua su liberación inmediata.
La Corte IDH requirió al Estado que proceda a la liberación inmediata de: Michael Edwing Healy Lacayo, Álvaro Javier Vargas Duarte, Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador, Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila, Max Isaac Jerez Meza y Edgar Francisco Parrales.
Además en la resolución del 25 de mayo la Corte requiere al Estado de Nicaragua que “mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de los beneficiarios de las medidas provisionales identificados en el punto resolutivo anterior, proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención».
El Estado está obligado a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios. Esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación de los beneficiarios”.
Al Estado de Nicaragua se le requiere además la protección eficaz de la vida, integridad y libertad de los detenidos beneficiarios de las medidas provisionales y sus núcleos familiares.
La Corte IDH pide al Estado que le informe a más tardar el 17 de junio sobre la situación de las personas mencionadas en la resolución y sus núcleos familiares, a la luz de las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Con posterioridad.
La ampliación de las medidas provisionales fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de las medidas provisionales adoptadas el 24 de junio de 2021 y ampliadas mediante resoluciones del 9 de septiembre y 4 de noviembre del mismo año, “debido a la conexión entre los hechos alegados en esta oportunidad y los que justificaron la adopción de las medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”.