El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó este viernes su octavo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, en el que analizan 158 casos de víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el contexto del inicio de las protestas en abril de 2018.
Las 158 víctimas son ex presos políticos y el objetivo de este informe es contribuir a las demandas de justicia de las víctimas de este crimen, además de la “construcción de memoria histórica para preservar la verdad de las atrocidades cometidas contra personas presas políticas y sus familiares”.
El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, explicó durante la presentación del infome que estos casos forman parte de un expediente interno que recopila diversas declaraciones de personas excarceladas políticas, familiares, fotografías, vídeos, denuncias públicas, expedientes de medidas cautelares y provisionales «entre otros elementos necesarios en la documentación de estos crímenes de lesa humidad».
De los 158 casos de tortura documentados por el Observatorio, programa creado por el Colectivo, corresponden al testimonio de 130 hombres -dos menores de edad-, 28 mujeres, incluyendo una mujer trans.
Métodos de torturas
El informe indica que del total de casos documentados, teniendo como parámetro la intensidad del sufrimiento reportado por cada una de las personas entrevistadas, así como del análisis en conjunto de cada expediente, podemos afirmar que al menos 151 de los 158 sufrieron tortura, y, los 7 restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Indican que a nivel general, en estos 5 años de crisis han logrado evidenciar más de 40 actos o métodos de tortura contra las personas presas políticas, entre ellos los 158 casos documentados: Condiciones extremas e inhumanas de detención (151 casos), tratos verbales degradantes (102 casos), golpizas (130 casos), amenazas de muerte contra ellos/as y/o sus familiares (84 casos), desaparición Forzada Temporal (34 casos), quemaduras (18 casos), choques eléctricos (15) y tortura por suspensión o “colgamiento” (17 casos), desprendimiento de uñas (7 casos) y simulación de ejecución o asesinato (9 casos).
Reiteran que «las referencias y hallazgos de este informe corresponden a los testimonios e historias compartidas al Colectivo por las personas excarceladas y sus familiares. La práctica de tortura en el país ha sido extendida, sin embargo, ha ido adquiriendo variaciones; en los primeros dos años (2018-2019) predominó la práctica de agresiones físicas, lo cual paulatinamente ha ido cambiando a “agresiones psicológicas” orientadas en ir debilitando y destruyendo la personalidad y estabilidad emocional y mental de las personas presas políticas, por lo que se comenzaron a potencializar técnicas como el aislamiento (66 casos registrados) o la sobreexposición sensorial (26 casos), tal como mantener la luz encendida».
A la vez afirman que 153 opositores participaron desde el inicio de la insurreción cívica en abril de 2018, acudieron a manifestaciones, plantones, realizaron pintas, denunciaban en redes las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. De estos casos, 123 fueron amenazadas, asediadas y hostigadas previo a su detención evidenciando el esquema de vigilancia con el que operan los grupos represivos que operan por ordenes de la dictadura.
Identifican a los perpetradores
En este nuevo informe el Colectivo señala que en al menos en los 16 casos, las personas documentadas pudieron identificar que acentos y apariencias extranjeras en sus verdugos.
Explican que estas personas eran distintas al resto de los policías y actuaron en 5 de los 14 departamentos donde se ejerció tortura. Sin embargo, señalan como los principales perpetradores de estos casos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidente respectivamente.
El Colectivo puntualiza además que la cadena de mando identificada en la Policía Nacional es muy amplia y completa, ya que nos encontramos a oficiales desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución, siendo este el Primer Comisionado Francisco Díaz, quien fuera denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político, además de ser el Director de la institución policial que es la principal denunciada de prácticas sistemáticas de tortura; seguido por 9 comisionados generales, siendo estos: Comisionado General Fidel Domíngue (León), Comisionado General Luis Barrantes (Masaya), Comisionado General Pedro Argueta (Carazo), Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas, (DAJ-Chipote), Comisionado General Marvin Castro (Jinotega), Comisionado General Adolfo Marenco, Comisionado General Juan Valle Valle, Comisionado general Vladimir Cerda Moraga y Comisionado General Ramón Avellán.
Durante la presentación del informe también participaron los excarcelados políticos, Róger Reyes, Tamara Dávila y Samantha Jirón, quienes compartieron una vez más las torturas y tratos crueles y degradantes al que fueron sosmetidos durante el tiempo que permanecieron secuestrados hasta su destierro a Estados Unidos, en febrero pasado.
