* Autoriza al MHCP suscribir modificación de convenio para comprar pruebas rápidas para detectar el coronavirus y otros insumos.
Redacción central / IP Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), mediante un acuerdo presidencial, a echar mano de fondos del BCIE para adquirir exámenes de prueba para detección temprana del covid-19 (o coronavirus), así como insumos adicionales.
En el acuerdo presidencial refiere que autoriza a ese ministerio a suscribir con el único banco multilateral que sostiene a la dictadura a modificar el Convenio de Cooperación Financiera No Reembolsable, pasando de 2.1 millones de dólares a 4.4 millones «la donación destinada a la adquisición y entrega por parte del BCIE de exámenes de prueba del producto: PowerCheck 2019nCov Real-Time PCR Kit m de origen coreano, producido para detección temprana del virus covid-19 (coronavirus), incluyendo insumos adicionales seleccionados por los países miembros del SICA».
Apenas, el pasado 3 de abril de este año, el Gobierno había autorizado al MHCP, del sancionado ministro Iván Acosta, que suscribiera el convenio para acceder a 2.1 millones de dólares de esos fondos del BCIE.
El directorio del BCIE mediante la Resolución DI-26/2020 Y DI-27-2020 aprobó esos fondos, «por Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales a favor de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para apoyar los esfuerzos nacionales que cada uno de los Estados Miembros del SICA está realizando para enfrentar la emergencia que se presenta en la región, por motivo de la expansión del virus covid-19».
Esta vez, como Acosta fue sancionado por los Estados Unidos, el Gobierno autorizó al viceministro José Adrián Chavarría, quien hará las funciones de ministro en esa cartera, para que suscriba con el BCIE la modificación de ese convenio.
¿Para qué quiere el Gobierno de Ortega más fondos para pruebas de covid-19 e insumos adicionales?
Desde que llegó al país la pandemia, el Gobierno minimizó el impacto que ocasionaría el virus en la población y hasta la fecha oculta las cifras reales de la enfermedad, así como el uso que le da a los recursos.
Según médicos independientes, más de 30 profesionales de la salud han fallecido por brindar atención a los pacientes de covid-19 sin los equipos de seguridad apropiados, que debió proveerles el Estado desde el inicio de la pandemia en Nicaragua.
Alrededor de 600 médicos firmaron una carta demandando al Gobierno de los Ortega-Murillo la realización masiva de pruebas de covid-19 a todos los niveles de la población, para mitigar y reducir el impacto de la pandemia en el país, pero la pareja presidencial reaccionó despidiendo a al menos catorce profesionales de la salud la semana anterior.
La doctora Nubia Olivares, anestesióloga y especialista en cuidados paliativos, y una de las despedidas del sistema de salud, aseveró que nunca vio los equipos de protección donados al Minsa para que los médicos pudieran prevenir el covid-19, y así atender a la población.
«En mi área nunca las vi. No sé si llegaron, pero definitivamente nunca las vi pasar. Es por eso, por alzar la voz, por exigir, es que a los médicos se nos está despidiendo, pero no vamos a quedarnos callados. No podemos ante esta problemática. Tenemos que exigir nuestra protección primero, para luego ir a cuidar a los demás», comentó la anestesióloga.
El presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología, doctor Róger Pasquier, afirmó que para el Gobierno ha sido un «pecado» buscar la manera de prevenir la propagación del virus.
«En abril de 2020 como asociaciones y sociedades médicas propusimos un plan de acción, prevención, contención y mitigación: ¡Pecado venial! Luego inundamos torrencialmente a todos los colegas con información científica- técnica en un documento de 200 páginas y lo distribuimos en todos los lugares donde pudimos tener alcance, y seguramente este era un acto conspirador, después exigimos un plan de atención, prevención y protección para el personal sanitario, ¡Otro pecado! Pedimos que se cumpla el reglamento sanitario internacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y parece que fue como que le dimos una cachetada a alguien. Y hoy seguimos pidiendo verdad y transparencia en los informes epidemiológicos, que deberían de ser completos, responsables, diario y no semanales”, subrayó el médico.
El Gobierno ha tenido que recurrir al BCIE porque no ha logrado conseguir fondos de otros organismos internacionales, que se fijan principalmente en las medidas que están tomando los gobiernos para contrarrestar la pandemia.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y diferentes organizaciones le han pedido al Gobierno que brinde la información correspondiente sobre las pruebas de covid-19 en el país, así como autorice la importación de las mismas a entes privados.
Pero el Gobierno de Ortega no cede a esas peticiones, a pesar de que los médicos independientes del país ya contabilizan más de 1,000 personas fallecidas por la enfermedad, y la Organización Panamericana de la Salud califica ha dicho que Nicaragua tiene transmisión comunitaria del virus.
