Informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos, destaca que urge una reforma electoral y la liberación de los presos políticos en el país.
Redacción/IP Nicaragua
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición” de las múltiples violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde que iniciaron las protestas en abril de 2018, destaca un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANCUDH).
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró este miércoles que la “rendición de cuentas” es clave para superar la crisis sociopolítica en Nicaragua, pero advirtió que no se logrará mientras Ortega y Murillo “no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos”.
“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El informe “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone las “constantes, ilegítimas y graves restricciones” impuestas por los Ortega Murillo en el país.
De acuerdo con la información publicada, la Oficina documentó 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU, además de 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación que siguen siendo “blanco de estas acciones”.
Urgen reformas electorales
Bachelet presentará el informe este jueves en el marco del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de previo exhortó a los Ortega y Murillo adoptar “urgentemente” una reforma electoral efectiva que garanticen elecciones “libres, justas y transparentes”.
“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, mencionó Bachelet.
Por otro lado, la Alta Comisionada de la ONU demandó poner fin, “de inmediato, a las detenciones arbitrarias” contra personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas.
“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, puntualizó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Los registros de las organizaciones de derechos humanos indican que en Nicaragua, hay más de 100 presos y presas políticas acusados de delitos comunes y recibiendo exageradas condenas y multas por parte de los jueces.
“La persistencia de la crisis sigue teniendo sus raíces en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho, que han ido erosionándose progresivamente a lo largo de los años, mientras que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en 2018 continúan impunes y que el espacio cívico ha sido aún más restringido aún más”, revela el documento.
Preocupada por leyes aprobadas
Bachelet destacó que es necesario que el Gobierno de Ortega y Murillo modifiquen las tres leyes que fueron aprobadas a finales de 2020 en la Asamblea Nacional.
Una sobre agentes extranjeros, otra sobre ciberdelitos y una tercera sobre defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación es el paquete que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANCUDH) tiene en la mira.
“Podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones”, comentó.
La OACNUDH instó a Nicaragua a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, además de buscar rápidamente, “antes del proceso electoral, una solución a la crisis multidimensional que ha estado enfrentando”.
